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La declaración del interventor de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, José María Caminero, se está convirtiendo en un
culebrón, después de que ayer, fecha prevista para que
compareciese ante la titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Uno de Ceuta, se produjese
una nueva suspensión de la declaración por el conocido “Caso
Oclem”.
También quedó anulada la declaración prevista del técnico de
la Consejería de Industria, que lo tendría que haber hecho
en calidad de testigo, ya que fue la persona que validó el
estudio que la mencionada empresa realizó tras la licitación
llevada a cabo por parte de la Ciudad.
Con esta es la segunda suspesión que se produce, ya que la
primera, prevista para principio de marzo pasado, tampoco se
pudiese llevar a cabo.
El motivo de la nueva suspensión de la declaración de José
María Caminero es que la Sala de la Audiencia Provincial de
Cádiz en Ceuta aún no se ha pronunciado sobre el recurso de
apelación presentado por el interventor contra el auto de la
jueza por el que se le imputaba por la comisión de un
presunto delito de prevaricación administrativa tras la
querella criminal presentada por la empresa.
Tras conocer el auto, la defensa del interventor de la
Ciudad interpuso un recurso de reforma, subsidiario de
apelación, que la titular del Juzgado de Instancia e
Instrucción Número de Ceuta desestimó, al que también se
unió la Fiscalía, para aclarar unos hechos que puedieran
tener visos delictivo, según la jueza y pasando éste, en
apelación, a la Sala de la Audiencia para que sea ésta la
que se pronuncie sobre el mismo, algo que no ha sucedido y
que, por lo tanto, provoca que las declaraciones previstas
hayan quedado sin efecto y que de momento no se sepa cual
será la nueva fecha en la que el empleado municipal tendrá
que declarar ante la titular y si lo tiene que hacer, todo
dependerá de lo que la Audiencia decida ante el recurso
presentado.
En el supuesto de que la Sala rechace el recurso de
apelación, la titular del Juzgado de Instancia e Instrucción
Número Uno la que decida una nueva fecha para que el
empleado de la Ciudad preste declaración por el caso, según
explicaron fuentes jurídicas de la empresa que presentó la
querella criminal por el impago de los importes del
contrato.
Extralimitación
A pesar de que la empresa lleva con esta situación desde el
año 2012, ésta siempre ha mantenido que el presunto delito
de prevaricación administrativa no venía como consecuencia
de no aprobar los honorarios por parte de la Intervención de
la Ciudad, si no “porque se ha extralimitado en sus
funciones”.
La historia comienza el 11 de julio de 2011, el entonces
consejero de Fomento y Medio Ambiente y presidente de la
GIUCE, Guillermo Martínez firmaba un decreto por el que se
la adjudicaba al Grupo Oclem, un estudio auditoría de
Eficiencia Energética del Alumbrado Eléctrico de la Ciudad
por un importe total de 18.000 euros, 17.307,69 euros precio
del contrato y 692, 31 euros, cantidad correspondiente al 4%
de IPSI.
Con fecha de salida del 14 de julio del mismo año, desde la
GIUCE se envía un escrito al GRUPO OCLEM en el que se le
comunica a la mercantil la adjudicación del contrato,
documento firmado por la Secretaria General. La adjudicación
a la empresa ya quedaba finiquitada. En el expediente y con
fecha 8 de agosto de 2011, se dirige al Interventor un acta
de conformidad firmado por el jefe de Industria y Energía en
el que se hace constar “que la empresa Oclem Gestión
Integral SL, adjudicataria del estudio auditoría de
eficiencia energética del alumbrado público dependiente de
la Ciudad Autónoma de Ceuta, decreto del 11 de julio de
2011, realizó dicho estudio conforme a las especificaciones
técnicas recogidas en la documentación obrante en el
expediente”, que se perdió, como así lo indica el gerente de
la GIUCE en una diligencia fechada el 14 de mayo de 2013 y
hecho corroborado a su vez por la empresa adjudicataria. El
11 de junio de 2013, el interventor emite un informe en el
que se queja de la fecha de la llegada de la factura, 26 de
diciembre de 2012, alegando el plazo de adjudicación era de
un mes. El interventor solicitó a la GIUCE por ello un
informe justificativo de las causas del retraso, devolviendo
el expediente a la GIUCE.
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juicio
