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Intereses particulares. Para el presidente de la Ciudad
Autónoma, Juan Vivas, el ‘caso Urbaser’ llegó a los juzgados
porque “alguien ha intentado manipularlo en defensa de
intereses particulares” y concretamente ayer señaló al PSOE
y a EL PUEBLO como los organizadores de una campaña cuyo
objetivo, según el presidente, sería acabar con el. Después
de que se haya conocido que el juzgado ha archivado la causa
iniciada con una denuncia del secretario general del PSOE
ceutí, José Antonio Carracao, Vivas salió ayer a la palestra
para hacer una primera valoración del archivo.
En primer lugar, Vivas matizó que, como Gobierno, no habían
recibido de forma oficial el auto judicial. No obstante, sí
valoró la información publicada por diversos medios y señaló
que se sienten satisfechos con esta resolución, sobre todo,
“por las personas afectadas que han intervenido en el
contrato de Urbaser durante muchos años y que han actuado
correctamente”. El presidente defendió que son personas
“honradas” a las que este auto les aportará “una
tranquilidad merecida”. Para el presidente, la causa abierta
hace más o menos un año en los juzgados ha sido “un ataque
despiadado, injusto, programado y premeditado” contra estas
personas y contra él.
Proceso en el Contencioso
Vivas defendió que Carracao, con su denuncia, “pretendía
hacer una causa general contra el gobierno de la Ciudad
Autónoma y en particular contra mi persona y algunas otras
que tienen nombres y apellidos”. Por ello, aseguró que el
secretario general de los socialistas “intentará seguir
dándole a esto -refiriéndose al caso Urbaser- recorrido de
cualquier manera, porque es su táctica”. Tal vez bajo la
premisa de que la mejor defensa es un buen ataque, Vivas no
titubeó en señalar directamente a Carracao y a EL PUEBLO
como organizadores “de una campaña contra el Gobierno”. Y es
que, para Vivas no tendría que haber trascendido el proceso
que está abierto en el juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el que Urbaser reclama a la
Ciudad 15 millones por trabajos realizados y no pagados,
mientras que la administración exige a su vez cinco millones
a la empresa por haber pagado demás por las amortizaciones
de maquinaria. Un desajuste de cuentas que para Vivas no
supone un “ilícito penal” y así lo reflejó. El presidente
quitó nuevamente hierro al asunto reiterando que se trata de
la liquidación de un contrato con diferencias entre las
partes que esperan ganar en los juzgados.
Diferencias millonarias
El presidente no se mostró preocupado por el proceso abierto
en el Contencioso-Administrativo y aseguró que están
“confiados” de que los argumentos de la Ciudad prosperarán
para hacerle ganar el caso contra Urbaser. Un proceso que
Vivas achacó a “diferencias en cuanto a la ejecución del
contrato y la correspondiente liquidación” pero que matizó
“no tiene nada que ver con una actitud de ilícito penal”, a
pesar de que se trata de desajustes denunciados por ambas
partes de cantidades millonarias. Dos posiciones que, según
señaló Vivas, son “al menos discutibles”.
Por otro lado, el presidente quiso respaldar a todos los
trabajadores que han intervenido en algún momento en el
contrato con Urbaser y señaló que ratifican su confianza en
la justicia. Además, defendió que el Gobierno ha actuado
“con absoluta transparencia” y que ha defendido “el interés
general”. Por último, Vivas puntualizó que el Gobierno hará
una valoración exhaustiva en breve y posiblemente hoy.
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Sí hay indicios de incumplimiento de contrato
La juez no es que no aprecie
irregularidades que, según se señala sí las hay, sino que no
estima delito penal, derivando las responsabilidades al
ámbito administrativo por presunto incumplimiento de
contrato. Según la juez, se estaba ante una situación de
carácter contractual administrativo, cuyo cumplimiento final
depende de un procedimiento judicial.
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No se aprecia “distracción de dinero”
La titular del Juzgado de
Instrucción número 1 ha dictado un auto de sobreseimiento
del denominado “caso Urbaser” por la vía penal, al estimar
que no aprecia delito al que no quedar acreditado
suficientemente que haya existido “distracción de dinero” o
se haya incurrido en un delito de pre
varicación, estimando que sólo existía un “mero
incumplimiento contractual”.
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La Ciudad solicita casi cinco millones
La consejería de Hacienda,
Economía y Recursos Humanos, resolvió en junio de 2013 el
procedimiento de liquidación del contrato con Urbaser. La
resolución recoge la petición de una indemnización a Urbaser
de casi cinco millones por sobreamortización de vehículos
durante el tiempo que se prorrogo el contrato y no los 12,5
millones, de los que se habló en un principio.
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´caso urbaser´
