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La situación procesal de de la sentencia firme de la paga
extra de Navidad de los trabajadores de RTVCE, está
pendiente de que UGT aporte la documentación que se le
requiere y, antes de esto, que recepcione la resolución
judicial que fue comunicada esta semana a otro sindicato,
hecho que aún no se ha producido en el caso de UGT, ya que
será a partir de ese momento cuando tendrá este sindicato un
plazo de 10 días para cumplir lo que el juez le solicita.
En el caso de que UGT postergue la retirada de tal
comunicación, estaría perjudicando claramente el proceso con
incidencia directa en los trabajadores y a los otros dos
sindicatos: CSIF y CC.OO. No creo que esto suceda porque el
juez, conocedor de las argucias dilatorias del abogado de la
empresa, está deseando dar carpetazo a esta ejecución de
sentencia firme.
Por ello, en el momento que UGT le proporcione los datos que
le ha reclamado, será el propio juez quien marque los
tiempos, ya que a continuación se instará por su parte a la
empresa para que aporte las liquidaciones individualizadas
correspondientes, cuya conformidad han de dar las partes
reclamantes que incorporarán las costas e intereses de
demora.
Sobre la forma de pago, se establecerá el acuerdo
correspondiente, porque no se contempla en principio más
estrategias dilatorias de la empresa para dar lugar a que el
juez conceda 10 días de plazo para pagar o, en caso
contrario, decretar el embargo de las cuentas de la sociedad
municipal RTVCE, ya que Yolanda Bel, como presidenta del
Consejo de Administración no querrá pasar a la historia como
una responsable de un ente institucional embargado. No
obstante, RTVCE está prolongando en el tiempo este proceso,
algo que debería abordar el consejero de Economía y
Hacienda, ya que tiene una incidencia clara en gravar las
cuentas públicas de la tesorería con un “añadido” de gasto
que es más caprichoso que eficaz.
En realidad, va a transcurrir un año innecesario, para
satisfacer al final el dinero que se reclama y que se podría
haber hecho hace 365 días: pagar lo que el juez ha
sentenciado.
De momento, si UGT no quiere seguir idéntico camino que la
empresa perjudicando con el retraso el cobro de las
percepciones económicas, debería tramitar a la mayor
brevedad la documentación que solicita el juez. Otro
comportamiento no se entendería y podría originar sospechas
de todo tipo. De hecho, la presentación incompleta de su
documentación, ha sido un argumento hábilmente aprovechado
por el abogado de la empresa para dilatar el proceso e
incluso, “solicitando la impugnación de la ejecución por
falta de legitimación activa de UGT”.
El tema es la crónica de una muerte anunciada o de un pago
obligado.
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OPINIÓN
