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En el 25 aniversario de los Tribunales Superiores de
Justicia que se conmemora en estas semanas, trabajadores y
ciudadanos no tenemos nada que celebrar y sí mucho por lo
que luchar en la justicia, explica la Federación de
Servicios Públicos de Justicia de Comisiones Obreras en un
comunicado de prensa
Según se explica en la nota son ya cuatro años de recortes
en la Administración de Justicia y en los derechos de los
trabajadores, reformas ya aprobadas y proyectos de reformas
en trámite que solo vienen a constatar un alejamiento de la
Justicia del ciudadano, su encarecimiento y su privatización
hacia otros sectores y colectivos como el de Registradores,
Procuradores y Notarios.
A lo largo de estas semanas se están conmemorando con
diversos actos en todos los territorios los 25 años de
existencia de los Tribunales Superiores de Justicia.
Tribunales que nacieron precisamente con la LOPJ de 1985 y
con la aprobación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial
de 1988 y que se pusieron en marcha definitivamente en 1989.
Aquello que, sin duda alguna, fue un avance y dio un fuerte
impulso a la Administración de Justicia dentro de la
organización territorial autonómica y se sustentó en un
fuerte consenso judicial y político a la hora de la
aprobación de dichas leyes.
Sin embargo, hoy, 25 años después, los trabajadores y la
ciudadanía no tenemos nada que celebrar pues en los últimos
tiempos, fundamentalmente a partir de una “supuesta crisis”
la Justicia española se está viendo mermada por un cúmulo de
recortes y reformas (en base a una imperiosa necesidad de
ahorrar costes para cumplir con los objetivos de déficit
impuestos por la troika) y a las que solo podemos mostrar
nuestro más enérgico rechazo. La última prueba de ello es el
Anteproyecto de una nueva LOPJ que sustituirá a la anterior
de 1985 (ley que ha sido en numerosas ocasiones reformada) y
que pone patas arriba toda la organización judicial de este
país.
Desde la sección sindical se hace alusión a los recortes
llevados a cabo, como los presupuestarios desde el año 2010.
Recortes en el empleo público con la congelación de
oposiciones o la restricción de las mismas a una tasa de
reposición del 10% que supone una ridícula oferta de empleo
público
También en medios personales, en los derechos laborales y
retributivos (que vienen a suponer hasta la fecha más del
30% de pérdida de poder adquisitivo, y se anuncian más) en
infraestructuras, en medios tecnológicos, en edificios
judiciales y sus condiciones de seguridad y salud.
Reformas
En cuanto a las reformas, el sindicato hace alusión a la Ley
de Tasas Judiciales, que ha supuesto un encarecimiento de la
Justicia para el ciudadano y que ya ha provocado un
importante descenso en los asuntos civiles y
contencioso-administrativo, fundamentalmente en aquellos
pleitos que afectan a ciudadanos particulares.
La Nueva Oficina Judicial, que después de su implantación en
algunas ciudades sigue sin funcionar como venimos
denunciando desde hace años.
Reforma del CGPJ, que recibiendo las críticas de todos los
colectivos afectados, con ella sólo se constata un nuevo
ataque a la independencia judicial y nuevamente se pierde
una oportunidad para despolitizar el órgano de gobierno de
los jueces, eso sí, manteniéndolos amordazados.
Pero no solo preocupan estas a los sindicatos, si no también
las que están en trámites como la reforma de la Ley de
Justicia Gratuita, que encarece los requisitos para acceder
a ella, dejando fuera a la mayor parte de la sociedad
La Ley de Seguridad Ciudadana, que supone una mayor
criminalización de la protesta ciudadana y otorga un mayor
poder a los vigilantes de seguridad privados
La reforma del Código Penal, que suprime las faltas –la
mayor parte de ellas serán consideradas sanciones
administrativas-, castiga la protesta pero no así los
delitos de guante blanco,
La de la Ley de Enjuiciamiento Civil que pone en manos del
colectivo privado de Procuradores actuaciones judiciales tan
importantes como los actos de comunicación y de ejecución
También la de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que pone en
manos de colectivos como Notarios asuntos judiciales como
testamentarías, divorcios de mutuo acuerdo sin hijos,…
En cuanto al Registro Civil, el sindicato entiende que pone
en manos del colectivo privado de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles el registro civil, y que supone el
vaciado de funciones de los Juzgados de Paz y Agrupaciones
que implicará su desaparición inminente y la pérdida de más
de 5.000 puestos de trabajo en la Administración de Justicia
Anteproyecto de la LOPJ
Por último, el Anteproyecto de LOPJ (que probablemente será
aprobada a finales de año según las intenciones declaradas
del Ministerio) cuyas líneas maestras son la implantación de
los Tribunales de Instancia solo en las capitales de
provincia, y que conllevaría la supresión de los partidos
judiciales, de los registros civiles, de los Juzgados de
Paz, de las Audiencias Provinciales, eliminación de
numerosos órganos judiciales, que puede conllevar la
desaparición de más de 12.000 puestos de trabajo, de los
actuales centros de destino, reordenación de efectivos sin
respeto alguno a la localidad de destino, movilidad
geográfica y funcional forzosa, la no garantía de las
retribuciones complementarias que actualmente se cobran por
guardias, …
La política de recortes del gobierno y su agenda de reformas
que reducen o restringen nuestros derechos y libertades,
como trabajadores y como ciudadanos, pues todas ellas solo
tienen como consecuencia un alejamiento de la Justicia del
ciudadano y su encarecimiento que está provocando una
justicia de doble velocidad, una justicia para el que se la
pueda pagar y una privatización de servicios y asuntos
judiciales.
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comisiones obreras
