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Los datos que nos desvela la
Secretaría de Acción Sindical de Comisiones Obreras sobre
las horas ilegales trabajadas durante el año 2013 y su
repercusión negativa en el empleo, ha de llevarnos a
reflexionar, no sólo acerca del establecimiento de la
ilegalidad instalada en diversos ámbitos, sino a evaluar su
incidencia en el paro, por cuanto lo hubiera reducido en
nuestra ciudad en un 1,2%, ya que se hicieron horas ilegales
cada semana y con la destrucción de 318 empleos en Ceuta
durante dicho período, las horas extras ilegales que se han
trabajado hubieran supuesto dar empleo al 93% de quienes lo
perdieron.
En numerosas ocasiones se ha dicho que España es un país de
pícaros pero quienes ejercen ahora la picaresca hacia la
clase trabajadora, golpeada por la crisis económica, el
desempleo, los recortes de sueldos y la presión fiscal, son
aquéllos que trasgreden la norma básica de legislación
laboral: el Estatuto de los Trabajadores e, incluso, los
propios convenios colectivos, ya que hay empresas (incluso
públicas) que con una y mil argucias buscan solapar la
legalidad en aras al ahorro.
Obligar al trabajador a las horas ilegales es una forma de
explotación moderna y sibilina, amparada en la amenaza de un
empleo precario o en peligro de extinción. La nueva coacción
moderna, intimidatoria, para eludir unos gastos que en este
caso corren por cuenta del trabajador, bajo esa máxima que
se ha extendido en esta época de crisis de “hacer más por el
mismo o menos dinero”. Una forma de exterminar los derechos
laborales, de aniquilar el sistema productivo y de
rentabilizar el esfuerzo del trabajador hasta límites de
explotación. No se piensa en quienes carecen de trabajo, en
utilizarlos para sustituciones o por horas.
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OPINIÓN / EDITORIAL
