|
El presidente autonómico de CSI-F en Ceuta, Ricardo
Martínez, resaltaba ayer a EL PUEBLO que durante los últimos
años, desde la central sindical, se ha podido observar “un
incremento de agresiones a empleados públicos, fruto de las
campañas que pretenden convertir a los trabajadores de las
Administraciones Públicas en los responsables de la crisis”.
En este sentido, Martínez hacía referencia a que uno de los
focos más llamativos han sido las oficinas de empleo, donde
se han multiplicado los usuarios cómo consecuencia de la
crisis y los recortes. Las personas que allí acuden, tal y
como así lo destacaba el sindicalista, a veces lo hacen
“llenas de rabia y frustración (entendendible, por supuesto)
que acaban descargando sobre los trabajadores. Esto para
nosotros es inadmisible, los empleados públicos no somos
responsables de los recortes ni de la crisis, muy al
contrario somos un punto de apoyo fundamental para resolver
el problema”.
Por tal motivo, Martínez informaba que tras crear un
observatorio de violencia, en el que desde el sindicato se
recogieron todos los datos sobre agresiones a empleados
públicos, se pudo observar que en casos como el de los
funcionarios del SEPE (antiguo INEM) se encontraban
“totalmente desprotegidos”, y tenían que acudir ellos mismos
a los tribunales para denunciar estos sucesos. Algo que fue
catalogado por Martínez como “completamente injusto, dado
que esas situaciones se producen cómo consecuencia del
desarrollo de su trabajo”, recordando que “en muchas
ocasiones, en cumplimiento de las normas, se ven obligados a
retirar, prestaciones, y ayudas, lo que en ocasiones, genera
reacciones muy violentas por parte de los usuarios, que
descargan en los trabajadores su importancia”.
Desde CSI-F se consideró que esto trabajadores necesitaban
protección y esto fue lo que llevó al sindicato a pedir al
Gobierno que hiciera lo necesario para salvaguardar la
integridad de los trabajadores y a proteger su dignidad.
De este modo, la central sindical ha conseguido que se
contrate un seguro para defender a este personal, aunque el
presidente autonómico de CSI-F en Ceuta considera que “no es
suficiente, pues debería ser el ministerio fiscal quien
acudiese a proteger a estos empleados públicos”.
Por último, Martínez resaltaba que “Ceuta, como siempre,
tampoco es una excepción y aquí también hemos tenido casos
de agresiones. Lógico (entre comillas) , si tenemos en
cuenta que es la ciudad con mayor tasa de paro de Europa,
donde tenemos, además uno de los mayores porcentajes de
familias en riesgo de pobreza, y donde, por más que los
agentes sociales lo digamos, el Gobierno no pone medios para
acabar con este problema”.
Para concluir, Martínez manifestaba a EL PUEBLO que “es un
éxito conseguir este compromiso por parte de la
Administración y obtener un punto más de protección para los
trabajadores con la contratación de este seguro, pero lo que
de verdad nos gustaría es que no fuera necesario”.
|
laboral
