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Francisco Márquez, diputado del PP por Ceuta, ofrecía el
viernes una rueda de prensa en la sede del Partido Popular
para analizar ante los medios de comunicación la propuesta
de reforma del sistema fiscal presentada por el PP y que el
diputado ceutí catalogó como “uno de los hitos fundamentales
de esta legislatura”.
Marquez resaltó, que tras una semana estudiando en
profundidad el “contenido denso” de este anteproyecto de
ley, ha podido comprobar que el mismo “toca todos los palos
y reforma un cúmulo de disposiciones tributarias que es lo
que le dan el caracter de esa reforma tributaria integral de
nuestro sistema fiscal”, e insistió en que el IRPF es más
simple, moderno y equitativo, al poseer menor número de
tramos ya que se reduce de 7 a 5 y a su vez presenta una
rebaja de la tributación en todos ellos.
A este respecto, desde UGT se ha discrepado con las
afirmaciones realizadas desde el PP, manifestando que la
reforma fiscal aprobada por el Gobierno en Consejo de
Ministros “no es la que necesita este país”.
Para la central sindical, esta reforma “tiene un claro tinte
electoralista, por lo que lanza un mensaje de rebaja de
impuestos, pero no aborda un cambio de fondo del sistema
tributario sino que consolida muchos de sus problemas, como
la diferencia de trato entre las rentas del trabajo y del
capital, y beneficia a los que más tienen”. La Unión General
de Trabajadores reclama la apertura de un proceso de diálogo
social sobre esta reforma.
Según UGT, “nuestro país necesita un sistema que garantice
más recaudación de forma estable para atender los
compromisos sociales y financieros que requiere una economía
avanzada; un sistema más justo, que aumente las aportaciones
del capital y de quienes poseen más riqueza y reduzca la de
aquellos que menos ingresos tienen; y atacar con decisión el
fraude y la elusión, que están minando la recaudación y la
justicia de los impuestos”.
A este respecto, la reforma fiscal integral aprobada por el
Consejo de Ministros sigue la filosofía de la planteada en
el Informe de los Expertos que el propio gobierno encargó,
como era de esperar, así como la derivada de las
recomendaciones de la Comisión Europea y demás organismos
internacionales responsables de la actual política de
austeridad que han agravado la crisis y sus consecuencias
para las personas. Sin embargo, contiene muchos menos
cambios de los propuestos por la Comisión y dichas
instituciones internacionales. Y esto es así, tal y como
indica UGT, “no porque el gobierno no comparta la mayoría de
ellas ni los objetivos de las mismas, sino porque ha
preferido priorizar sus intereses electorales en las citas
municipales y autonómicas de 2015 y generales de 2016”.
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