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El director general de MUFACE comunicó recientemente al
Consejo General de la citada entidad que el Gobierno llevará
a cabo un nuevo recorte sobre las prestaciones sociales que
reciben los funcionarios, estimado en cinco millones de
euros. Esta medida entrará en vigor a partir del próximo
martes. Además, avanzó que previsiblemente se congelará la
aportación presupuestaria en la atención sanitaria para el
próximo ejercicio.
Estos recortes no se corresponden con la supuesta
recuperación económica que plantea el Gobierno y vuelve a
situar a los empleados públicos como uno de los colectivos
más perjudicados, en esta ocasión, con la reforma fiscal y
la previsible reducción de ingresos del Estado.
En lo que se refiere a la atención sanitaria, se congelará
la aportación del Estado por segundo año consecutivo, lo que
afectará nuevamente a las cuentas de la entidad, que ya se
han visto reducidas en más de mil millones de euros en los
últimos cinco años. Esta situación se ve agravada por el
progresivo envejecimiento de la población atendida y el
hecho de que no entren en el sistema nuevos mutualistas.
Por este motivo, a lo largo del mes de julio, CSI-F va a
llevar a cabo movilizaciones para reclamar la convocatoria
de la mesa de negociación para que los empleados públicos
recuperen los derechos perdidos durante la crisis económica.
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sindicatos
