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La diputada no adscrita, Fatima
Hamed ha hecho público el incumplimiento del Gobierno de la
Ciudad en la “adecuación de las ordenanzas municipales”, no
aplicando el mandato de la normativa vigente desde 2012,
cuya consecuencia es la liberalización del comercio y
determinados servicios, con la agilización de los trámites
de la licencia de apertura y cuya Ordenanza Reguladora va al
Pleno de mañana para su aprobación. Y ha sido, como
resultado de que la Directora General de Comercio Interior
haya sacado los colores al Ejecutivo de Ceuta, cuando el
pasado mes de marzo -según aporta Fatima Hamed en un
documento-, se le requiere para que cumpla la ley. Un hecho
que el portavoz del Ejecutivo revistió en su última
comparecencia de prensa de favorecer las iniciativas
empresariales en un 40%, cuando en realidad se trataba de
“hacer los deberes”.
En unos momentos en los que siempre se ha hablado, desde el
Gobierno y desde el sector empresarial, que hay que
fortalecer nuestro tejido productivo, favorecer las ayudas
al empresario, rebajar la presión fiscal y tantas otras
cuestiones relacionadas con las bonificaciones o cualquier
otro estímulo, no deja de resultar sorprendente que se llame
la atención al Gobierno local para que ejecute una norma de
obligado cumplimiento y que, a la vista de la llamada de
atención, no se aplicaba tras su aprobación. Como “no se ha
procedido a la adecuación de las ordenanzas municipales”,
ahora se trata de restituir una situación de incumplimiento.
Una agilización de las licencias de apertura como
consecuencia de un “tirón de orejas”, es decir, forzada por
las circunstancias. Y una demostración que evidencia el
escaso sentido de protección al comercio local y a tutelar
su desarrollo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
