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El primer trimestre del año ha dejado tras de si en la
ciudad el inicio de 46 ejecuciones hipotecarias o, lo que es
lo mismo, la puesta en marcha de procedimientos a través de
los cuáles se ordena la venta de bienes inmuebles, gravados
con una hipoteca, por incumplimiento de los deudores de las
obligaciones de pago. De estas 46 ejecuciones, 13 se han
hecho sobre viviendas de las cuales, 12 son usadas y una de
obra nueva, según los datos publicados ayer por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). El resto de ejecuciones
hipotecarias afectan a bienes inmuebles clasificados bajo el
epígrafe ‘Otras Urbanas’.
Los datos corresponden a la Estadística sobre Ejecuciones
Hipotecarias, que se ha publicado por primera vez después de
que dicha operación se presentara a dictamen de la Comisión
Permanente del Consejo Superior de Estadística el 12 de
marzo de 2013 y fuera valorada favorablemente por ese
organismo el 26 de junio de 2013. El objetivo principal de
la Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias es ofrecer
trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones
hipotecarias que se inician e inscriben en los Registros de
la Propiedad durante el trimestre de referencia, relativos a
la totalidad de fincas rústicas y urbanas.
Reformas legislativas
No obstante, no todas las ejecuciones de hipoteca que se
inician terminan con el lanzamiento de sus propietarios ya
que un procedimiento judicial puede dar lugar a varias
certificaciones por ejecución de hipoteca. Por tanto, el
número de personas que terminan perdiendo sus bienes
inmuebles y más concretamente su s casas previsiblemente
será más bajo. Aún así, para Adicae las cifras siguen siendo
altas y desde esta asociación de consumidores aseguran que
la estadística se equivoca al destacar un supuesto descenso
de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas
habituales y que soslaya el alcance de uno de los aspectos
más relevantes del informe: las 12.120 ejecuciones iniciadas
sobre viviendas de personas físicas en el primer trimestre
de 2014. Trece de ellas en Ceuta.
Tras conocer los datos del INE, desde Adicae señalan que el
examen conjunto de esta nueva estadística, los datos del
Banco de España sobre los procesos de ejecución hipotecaria
sobre viviendas y los informes del Consejo General del Poder
Judicial ponen de manifiesto que el Gobierno “se verá
abocado a legislar para impulsar las reformas que los graves
problemas sin resolver para los consumidores en el mercado
hipotecario requieren”. “Los datos siguen expresando el
avance de la crisis hipotecaria y Adicae reitera la
necesidad de reabrir el debate legislativo y político en
materia hipotecaria, reformar la legislación e impulsar
medidas efectivas”, advierten desde la asociación. En Ceuta,
el presidente de Adicae, Narciso Colmenar, insiste en que la
solución ˝no es perder la casa”. Entre las alternativas que
plantea, Colmenar destaca el alquiler social como una
fórmula eficaz para darle tiempo al deudor y que este “pueda
recuperarse económicamente y pagar su hipoteca”.
Llamamiento al Gobierno
Frente al enfoque casi exclusivamente humanitario que no
puede ser obviado, Adicae llama la atención sobre una
situación que “debe ser abordada desde la perspectiva de
justicia y de los derechos legítimos de los consumidores
ante el abuso continuado en el ámbito hipotecario, del que
las cláusulas suelo, las tasaciones, o las prácticas y
políticas de las entidades, entre otros elementos, son
exponente”. Por ello, desde la asociación reiteran al
Gobierno y los grupos parlamentarios la propuesta de impulso
urgente e inmediato a un procedimiento concursal especial
para consumidores, que tenga como objeto en primer lugar
evitar, en los casos en que resulte posible, la pérdida de
la vivienda impidiendo además que, en el caso que esto
suceda, el consumidor se vea condenado a una deuda perpetua.
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Adicae insta a los perjudicados a pedir asesoramiento en la
asociación para intentar conservar sus casas
Desde Adicae Ceuta invitan a los
perjudicados por estos procedimientos de ejecución
hipotecaria a que se acerquen hasta la asociación, cuya sede
está en Juan de Juanes, para pedir asesoramiento jurídico.
El presidente, Narciso Colmenar, advierte de que durante el
procedimiento se puede negociar con el banco para llegar a
un acuerdo y que el propietario no pierda la vivienda pero,
una vez que se produce la liquidación, no hay manera de
recuperar la casa. Adicae dispone de un gabinete jurídico
que pone a disposición de los afectados y así lo señala
Colmenar para hacer hincapié en que los bancos son
responsables de la gran parte de estos procesos. “El
propietario que no puede pagar tiene responsabilidad, pero
los bancos tienen mecanismos para determinar si conceder y
cómo hacerlo el crédito y no, como se ha hecho durante
muchos años, otorgarlos sin apenas requisitos”, señala para
criticar que ahora las entidades quieran echar sobre los
hombros de los ciudadanos sus errores.
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estudio
