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La Sección VI de Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha
dictado un auto que obliga al Juzgado de Instrucción número
6 de Ceuta, encargado de la instrucción de los
acontecimientos ocurridos el pasado 6 de febrero en el
espigón de la frontera del Tarajal, a identificar a todos
los guardias civiles que participaron en las tareas
desarrolladas en la fecha y el lugar explicado y en la que
quince inmigrantes subsaharianos perdieron la vida
intentando alcanzar a nado las costas españolas.
El auto emitido por el tribunal se produce a raíz del
recurso de apelación que había presentado la onegé
Coordinadora de Barrios contra el juzgado número 6 de Ceuta
a practicar pruebas que ahora sí tendrá que realizar, como
son las de identificar a todos los agentes de la Benemérita
que participaron ese día en el operativo.
El auto dictado por la Audiencia estima el recurso que había
interpuesto la Coordinadora de Barrios contra el juzgado
ceutí por negarse a practicar pruebas “determinantes” para
aclarar lo sucedido la mañana de la tragedia. Notificado el
psado 24 de junio, e obliga ahora a la titular del juzgado
de Instrucción número 6 de Ceuta a que requiera a la
Comandancia de la Guardia Civil nuevos informes entre los
que destacan la exigencia de “identificación de los agentes
participantes en las operaciones del 6 de febrero,
incluyendo los GRS,GEAS( submarinistas) y todos los
efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil”.
Para la Audiencia, dado que las investigaciones en Ceuta se
abrieron “precisamente para dilucidar la posible existencia
de actuaciones penales en el desarrollo de los
acontecimientos”, en los que “no se descarta” ni violencia
por parte de los migrantes ni “la utilización por parte de
los agentes de material antidisturbios”, las diligencias
propuestas por la onegé son “pertinentes”.
“En ningún caso se consideran dilatorias ni abusivas, ni su
posible práctica nos muestra un índice de dificultad que
pueda entorpecer el desarrollo y la buena marcha de la
instrucción, de manera que no compartimos los argumentos que
contiene el auto recurrido, ya que precisamente su práctica
iría encaminada a establecer o descartar los indicios que en
el mismo se echan en falta antes de dicha práctica, pudiendo
ser igualmente perfectamente esclarecedoras o, al menos,
explicativas”, se refleja en el auto dictado por el
tribunal.
Así, la jueza de Ceuta deberá reclamar a la Comandancia de
la Guardia Civil un informe que recoja la identificación de
agentes participantes en las operaciones del 6 de febrero en
El Tarajal, incluyendo los pertenecientes al GRS
(antidisturbios), GEAS (submarinistas) y Servicio Marítimo,
“con expresión de las horas de servicio, categoría,
funciones, órdenes de servicio y registro de operaciones”.
Además, el juzgado de la se ve obligado a exigir a la
Comandancia de la Guardia Civil un “inventario del material
entregado específicamente para el desarrollo de las
operaciones del 6 de febrero” , es decir, del material
antidisturbios, pelotas de goma y otros. También tendrá que
requerir un inventario de las embarcaciones que participaron
en el operativo y “ los registros de la travesía que
debieron ser registrados”. Además se pedirá a la Guardia
Civil un registro detallado de las posiciones GPS de las
embarcaciones, “los sonidos del puente, registro de
comunicaciones, datos del radar, órdenes al timón y su
reacción, alarmas principales, equipos de salvamento
disponibles”.
Declaraciones importantes
En el auto, la Audiencia Provincial de Cádiz considera
asimismo pertinente que se tome declaración a la activista
de la onegé Ca-Minando Fronteras Helena Maleno, que acompañó
a los supervivientes de la tragedia, recorrió las morgues
marroquíes donde fueron trasladados algunos de los cadáveres
recuperados en sus aguas territoriales y elaboró un informe
recogiendo partes de lesiones, testimonios e información
gráfica de testigos presenciales y fallecidos.
Junto a ella, deberá ofrecer un informe pericial la doctora
que suscribió los distintos informes médicos de los
supervivientes recopilados por Ca-Minando Fronteras que
apuntaban a lesiones producidas por disparos de pelotas de
goma efectuados por agentes de la Guardia Civil directamente
sobre los migrantes que se encontraban en el agua, “a fin de
que ratifique su contenido”.
La organización no gubernamental critica que la Fiscalía
siga oponiéndose a estas pruebas y que no se interese en
investigar los hechos.
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