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CCOO viene denunciando que el ministro de Justicia pretende
aprobar en un próximo e inmediato consejo de ministros un
Real Decreto Ley, que, además de prorrogar la entrada en
vigor de la ley 20/2011 sobre los Registros Civiles hasta
julio de 2016, procederá a su privatización, e incluirá más
que probablemente que, a partir de junio de 2015, los
registradores mercantiles puedan ya acceder a la plataforma
electrónica que creará el ministro de Justicia, por lo que
podrían asumir competencias de los registros civiles gradual
y progresivamente, especialmente los Registros Civiles que
comparten sus tareas con las jurisdiccionales.
Ante esta situación, CCOO acusa a Gallardón de no decir la
verdad en sus declaraciones públicas. El sindicato denuncia
que “la creación de la plataforma electrónica o digital de
la que habla el ministro de Justicia en su nota de prensa es
la principal justificación que aduce para proceder a la
privatización de los registros civiles, a pesar de que
conoce que contraviene la legalidad y la norma de la Unión
Europea que no permite que el coste de dicha plataforma se
haga mediante los aranceles pagados por los servicios
efectuados por el Registro Mercantil, cuyo destino solo
puede sufragar el coste de estos servicios, pero no costes
ajenos”.
En el mismo sentido anterior, CCOO expone que “Gallardón
haya justificado que el coste y puesta en marcha de la
plataforma digital será a cargo de los registradores
mercantiles, y sin coste alguno para la ciudadanía, ha sido
refutado públicamente incluso por el Decano del colegio de
los registradores, que lo ha rechazado y ha mantenido que no
es posible disponer de las cuotas” porque “son ingresos del
Colegio de registradores y ningún registrador puede disponer
de ese acto individual”.
Según el sindicato Gallardón anuncia que el modelo elegido
para privatizar los Registros Civiles es el adecuado porque
hay un registrador mercantil por provincia, “cuando sabe que
esto es claramente insuficiente y que la actual estructura
de los Registros Civiles, servidos por personal de la
Administración de Justicia en Registros Civiles únicos,
Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e
Instrucción y Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz, es
muy superior, y con medios adecuados, a los que se ha negado
siempre el ministro de Justicia, es mucho más fiable y
eficiente”.
Además, en la nota de prensa emitida por el Ministerio de
Justicia se afirma que “se va a mantener la gratuidad de los
trámites para los ciudadanos y el empleo existente, y esto
se demostrará en no mucho tiempo que Gallardón volverá a
engañar y no cumplirá tampoco con esa promesa. Igual que no
ha cumplido con su compromiso de que la aprobación de la ley
de Tasas iba a mantener la garantía del acceso de toda la
población a la tutela judicial efectiva”.
“Porque hoy- lamenta CCOO-a cientos de miles de españoles se
les ha hecho imposible seguir defendiendo sus legítimos
derechos en la vía judicial, (desde su aprobación, los
recursos se han reducido en más de un 30%): Gallardón ya les
ha condenado sin juicio”.
CCOO también advierte a la ciudadanía que Gallardón
igualmente pretende que “las competencias de los expedientes
de nacionalidad y matrimonio se hurten definitivamente a los
Registros Civiles y su gestión pase a los notarios, dejando
de ser gratuitos con el consiguiente coste para millones de
personas”.
Para finalizar CCOO califica la situación de “sarta de
falsedades y justificaciones que no se sostienen, mantenidas
por Gallardón”, afirmado que “hay motivos más que sobrados
para denunciar presuntos conflictos de intereses en la
entrega de los Registros Civiles a los registradores
mercantiles Registrador Mercantil”:
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