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Ceuta ha dado sobradas muestras de
solidaridad, convivencia y hospitalidad ante la situación de
los migrantes sirios en la Plaza de los Reyes, pero ésta es
harto complicada. De un lado, el legítimo derecho a buscarse
una salida a la petición de asilo y de otro, el respeto a la
normativa en materia de ocupación de espacios públicos. Dos
cuestiones que se contraponen en el caso de Ceuta, donde en
dos meses, los sirios acampados en el centro de la ciudad
han recibido 117 notificaciones de la Policía Local por su
situación de campamento ilegal que si bien incumple la
Ordenanza del buen uso de los espacios públicos, para los
sirios (asesorados por la Asociación Pro Derechos Humanos),
vulneraría los derechos de los menores si se levantara de
manera cautelar. Unos menores sobre los que también se ha
dicho que viven en unas condiciones que no son las más
idóneas.
Por un lado, entendiendo el derecho a aspirar a un mundo
mejor, no parece que lo más concluyente sea ocupar los
espacios públicos a cualquier precio como medida de presión,
convirtiendo nuestras calles en un asentamiento ilegal con
menores. Por otra parte, resulta difícil este equilibrio
entre lo legal y lo humanitario, las normas y el deseo
irrefrenable de abandonar Ceuta bajo el paraguas de la
protección internacional y no como inmigrante ilegal. Por
ello, es necesario que la Administración agilice, en lo
posible, los trámites administrativos para que, sin vulnerar
en ningún la legislación, se pudiera aliviar la angustia que
padecen estos grupos familiares después de lo que ya están
sufriendo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
