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Hace ya tiempo que los partidos políticos han dejado de
representar a los ciudadanos en España y especialmente en
Ceuta, su distanciamiento y falta de credibilidad social es
algo tan preocupante como urgente de resolver, y la actual
sensación general de corrupción política y la mala praxis
administrativa, propicia la desconfianza y la indignación,
ampliando el divorcio entre los partidos y la sociedad.
Muchos ciudadanos se sienten incluso secuestrados en el
ejercicio de sus derechos por unas organizaciones que
monopolizan el poder, controlando tanto el poder legislativo
como todos y cada uno de los niveles de gobierno, así como
la composición de las más altas instituciones del Estado y
de las ciudades. Los ciudadanos tienen poco margen en la
práctica para decidir sobre la marcha de la sociedad. Se
hace necesario, en definitiva, un mayor equilibrio de poder
entre los partidos políticos, los políticos y la sociedad.
Son numerosos los estudios e instituciones que vienen
evidenciando esta negativa sensación sobre los partidos, la
corrupción o la mala praxis administrativa. Según el
Barómetro del CIS la corrupción es el segundo motivo de
preocupación de los españoles, y los políticos y los
partidos alcanzan asimismo una destacada cuarta posición en
el ranking, y con una clara tendencia al alza.
Aunque no dudo en principio de la honradez individual de la
mayoría de los políticos y cargos públicos, es evidente que
algo falla en el funcionamiento de los partidos y su
relación con los ciudadanos. Y esta situación ha de cambiar.
Los partidos políticos no pueden ignorar esta clara
situación de rechazo de la sociedad española, y los
ciudadanos han de ser activos y contundentes exigiendo
urgentemente a los partidos y a los políticos actuaciones
claras e inequívocas por la transparencia contra la
corrupción o la mala praxis administrativa. Y para ello los
ciudadanos no estamos solos, nos acompañan en este empeño
muchos aliados, un buen número de jueces realmente
beligerantes contra la corrupción o mala praxis
administrativa, unas fuerzas de seguridad (UCO y UDEF)
eficaces y con personal altamente cualificado, unos medios
de comunicación cada vez más activos e incisivos contra los
corruptos o los que realizan mala praxis administrativa, y
unas organizaciones civiles, universidades, etcétera, cada
vez más proactivas en combatir la corrupción y la mala
praxis administrativa. Quienes, por el contrario, se han
quedado solos son los partidos políticos y los políticos,
algo van a tener que hacer de forma urgente para salir de
este importante atolladero social en el que se encuentran.
A la hora de decidir el voto en las próximas elecciones
municipales, los ciudadanos deberían exigir y valorar la
actuación y el compromiso de cambio si es que lo tienen, de
unos y otros ante esta situación. Voy a indicar algunos
criterios personales que creo que se deben tener en cuenta
contra la corrupción o mala praxis administrativa, para que
los ciudadanos que lo deseen puedan evaluar la situación y
expectativas de cada partido político y político en este
terreno de la transparencia, la corrupción y la mala praxis
administrativa, disponiendo así de un posible elemento de
juicio más a la hora de decidir a qué partido político van a
votar en las próximas elecciones municipales, y en
definitiva qué papeleta (aunque sea cerrada) van a
introducir en las urnas electorales.
Los partidos y los políticos, deberían recoger en sus
programas electorales una buena parte de los siguientes
compromisos: 1) Reforma de la legislación electoral para
desbloquear las listas cerradas de los partidos. 2)
Publicación de la liquidación de gastos e ingresos
electorales, en los tres meses siguientes a las elecciones.
3) Retención de toda subvención pública a los partidos
políticos que no hayan remitido sus cuentas al Tribunal de
Cuentas. 4) Cumplir estrictamente las recomendaciones sobre
transparencia financiera del Consejo de Europa (GRECO). 5)
Tipificación jurídica del delito de financiación ilegal de
los partidos. 6) Prohibición legal de las donaciones de
empresas (u otras personas jurídicas) a los partidos. 7)
Prohibición legal de la condonación de deudas a los partidos
por las entidades financieras. 8) Debate anual sobre
aquellos partidos políticos que estén en situación de
quiebra técnica. 9) Ley de protección al denunciante de
corrupción, fraude, abuso o despilfarro. 10) Cambiar la
legislación para limitar los privilegios jurídicos y
judiciales de los aforados. 11) Limitación al máximo de la
concesión de indultos, excluyendo en todo caso los delitos
por corrupción. 12) Introducción en los distintos niveles
educativos de materias y contenidos éticos, de valores y
contra la corrupción.
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OPINIÓN
/
COLABORACION
