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La Ciudad Autónoma, a través de Servicios Sociales, ha
ofrecido a la familia ‘okupa’ de San Amaro dos alternativas
una vez que sean desalojados mañana de la vivienda en la que
están desde mayo. Ir a una pensión temporalmente o pagarle
el alquiler de una vivienda hasta un máximo de 550 euros y
así se lo explicaron ayer a Silvia Cabezón, la cabeza de
familia, cuando acudió a la oficina de Asuntos Sociales.
Para ella, ir a una pensión no es una alternativa. “No
tendríamos ni donde cocinar y Menores estaría detrás de mi”,
cuenta esta mujer que no esconde como su mayor miedo es
perder a sus hijos.
La otra opción, la ayuda para alquiler, sería la más idónea
para Silvia pero explica como hasta ahora no ha encontrado
nadie que le alquile una casa y que las inmobiliarias
tampoco se fían de las personas que reciben ayuda para el
alquiler por miedo a que se queden ese dinero y dejen la
deuda. Además, esta madre, con unos ingresos de 150 euros,
tampoco tendría suficiente para afrontar la primera
mensualidad y la fianza.
Desde la Ciudad Autónoma han informado de que se le han dado
estas posibilidades y de que, además, Silvia fue
adjudicataria de una vivienda de protección oficial en La
Reina. No obstante, esta madre cuenta como se vio obligada a
vender la casa porque no podía hacer frente a los pagos y
sus padres la habían avalado con la vivienda familiar. “Si
no vendía la casa, mis padres perdían la suya, no tuve otra
opción”, afirma.
Un desalojo inminente
El mayor problema para Silvia y así lo reitera es la
urgencia de su situación. En 24 horas tendrá que salir de la
casa que ocupa y, agobiada, se pregunta dónde irá con su
familia y todas sus cosas a cuestas. Por eso, se ha puesto
en manos de otro abogado, el de un familiar, para intentar
ganar tiempo y que el desalojo se retrase al menos unos
días. La letrada de oficio que la asistió le dijo que no
cabía recurso. Hoy espera que estas nuevas gestiones den
algún fruto.
Al plantearle qué hará mañana si se encuentra la Policía a
las puertas de la casa donde se encuentra con su familia, a
Silvia se le viene el mundo encima. “Por lo menos necesito
que me den un plazo”, asegura porque la sentencia, que se
emitió el miércoles, no le ha dado tiempo de reacción. Esta
madre pide a los responsables del Gobierno que visiten la
casa en la que está y vean las condiciones en las que vive Y
es que, Silvia siente que hasta el momento nadie se ha
preocupado por ella excepto la consejera de Asuntos
Sociales, Rabea Mohamed, a la que agradece el interés
mostrado en su caso. Esta madre sabe que desde Servicios
Sociales no le pueden ofrecer más alternativas pero cree que
por encima hay “otros responsables” que sí pueden ofrecerle
una solución.
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