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La sempiterna excusa, a modo de
justificación, de la tan cacareada austeridad no cabe en
cuestiones que afectan a servicios básicos. En esta edición
denunciamos públicamente el retraso de siete meses que se
viene produciendo en la instalación de un nuevo ascensor
para atender el tránsito de pacientes en dos plantas de
consultas externas en el Centro de Salud del Recinto. Con el
proyecto ya autorizado y presupuestado, no acaba de
realizarse la liquidación económica que permita su
instalación para solventar una deficiencia incuestionable:
la accesibilidad, especialmente, de personas impedidas, que
se valen de sillas de ruedas o muletas.
Estas situaciones tan bochornosas como inaceptables son más
producto de la dejadez y la mala/malísima gestión que de una
imposibilidad financiera. No cabe culpar en este caso a la
crisis o a medidas de austeridad y sí a la dejadez o a la
desidia de quienes muestran un nulo sentido de
responsabilidad y de atención al ciudadano. Que un ascensor
sea motivo, en pleno siglo XXI, en un edificio oficial, de
polémica, es algo tan surrealista como asombroso para
quienes ostentan cargos y cargas públicas, y demuestran su
manifiesta incapacidad para solucionar algo que parece más
propio de una comunidad de vecinos en precario.
Cuando hay unas normas para facilitar la accesibilidad de
personas discapacitadas, no parece de recibo que en un
Centro de Salud no se respeten. La Seguridad e Higiene en el
Trabajo no ha debido percatarse de tal dislate, cuando
después de siete meses aún prevalece una situación
inverosímil. Ya va siendo hora, a quien corresponda, de
ponerse a trabajar para convertir en eficaz realidad lo que
viene siendo un despropósito permanente y una afrenta
pública insoportable.
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OPINIÓN / EDITORIAL
