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OPINIÓN - LUNES, 4 DE AGOSTO DE 2014

 
OPINIÓN / EDITORIAL

¿Distintas varas de medir?

La situación que afecta al CERMI y la frustrada relación con la Ciudad Autónoma de Ceuta, en este caso no por falta de voluntad política en cuanto al cumplimiento del Convenio presupuestado para este año sino por aspectos técnicos argumentandos por el Interventor, ha llevado a esta asociación a una difícil coyuntura, que no sólo obliga al despido de dos trabajadores al no poder afrontar sus nóminas, sino que el adelanto de las cantidades de sus sueldos ha sido a costa del propio dinero del CERMI procedente de cuotas.

No es de recibo que el Interventor utilice distintas varas de medir según cual sea la asociación o empresa de la que se trate, como expresa la presidenta del CERMI, Maria Luisa Villadén, sino que debería actuar con mejor talante y con criterio más ajustado a solventar los “problemas” y no a impedir el desarrollo de un convenio para personas discapacitadas. No hay que instar a que se legalicen ilegalidades, pero el Interventor de la Ciudad debería tener muy en cuenta que detrás de cada expediente o factura, más alla de presidentes o empresarios por los que pueda tener más o menos ‘afinidad’, existen beneficiarios o trabajadores con familia e hijos y que se ven seriamente perjudicados por su forma de proceder. En su día elogiamos lo escrupuloso que fue con las facturas de la Feria de Día, y su comportamiento pleno de rigor y de aplicación estricta de la ley, pero en estos casos, donde las subvenciones son para un buen fin, donde no hay ocultismo en las gestiones sino una función social loable, sería conveniente ajustar los desequilibrios que pudieran existir, para profundizar en el fondo y no quedarnos en las formas.

La prometida intervención directa del propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ya es significativa, por cuanto la propia consejera del área social ha dejado claro que los problemas no son cuestión de voluntad política sino de índole técnica. Si la documentación del CERMI es incompleta, habrá que corregirla y no perjudicar a la asociación impidiendo un convenio que le es necesario para desarrollar sus actividades.
 

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