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La consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu,
durante una entrevista concedida a Radio Ceuta (Cadena Ser)
reconocía públicamente que el servicio de monitores de
natación y socorristas en las piscinas públicas de la
ciudad, está siendo prestado por la empresa Arasti Barca sin
existir relación contractual expresa, puesto que el contrato
en virtud del cual se prestaba el servicio hace cerca de dos
años que finalizó, situación esta que denunció el pasado fin
de semana la diputada no adscrita a la Asamblea, Fatima
Hamed.
Durante su entrevista, Deu resaltaba que una de las primeras
instrucciones que dio, una vez que el Instituto Ceutí de
Deportes entró a formar parte de la consejería que ella
dirige, fue el de “proceder, de forma inmediata, a finalizar
el pliego de concidiones del contrato de los servicios de
monitores y socorristas de las piscinas de la Ciudad para,
en el menor plazo posible, remitirlo a contratación”.
En este sentido, hay que recordar que Hamed cuestionó que ha
podido motivar que en dos años no se haya dado trámite a la
contratación pública del servicio de monitores de natación y
socorristas de piscinas municipales por parte del ICD,
manifestando que eso sólo el gobierno del PP sabe los
verdaderos motivos, pero con esta nueva denuncia, que tras
algunos días de investigación sacó a la luz pública la
diputada no adscrita, queda claro que “los recursos públicos
no están en manos de responsables políticos aptos para velar
por el interés general”.
Del mismo modo, Deu, quien reconoció desconocer los motivos
que están motivando el retraso en la elaboración del pliego
de condiciones, aseguró que “evidentemente, al igual que
ocurre con otros contratos, y como normalmente suele ocurrir
cuando se está prestando un servicio pese a no haber salido
un nuevo pliego por los motivos que haya propiciado dicho
retraso, normalmente si la gestión se ha realizado se
procede, si existe consignación presupuestaria, a realizar
dicho pago a través de un reconocimiento de deuda de una
actividad y una gestión que se ha estado realizando”.
Precisamente, de esta situación ya advirtió el pasado fin de
semana la diputada no adscrita de la Asamblea, Fatima Hamed,
quien destacaba que toda esta situación terminaría
traduciéndose en “un reconocimiento extrajudicial de deuda
en favor de la empresa en en perjuicio de cualquier mínimo
atisbo de lo qeu debería ser una gestión eficiente de los
recursos públicos”.
En este sentido, Hamed insistió ayer a EL PUEBLO que “es
absolutamente inaceptable que tras dos años, no se haya
sacado a licitación pública el contrato que deba regir el
servicio de monitores y socorristas en las piscinas Díaz
Flor y Guillermo Molina”, además de manifestar que el
reconocimiento extrajudicial de deudas, considerado figura
excepcional a utilizar en casos muy concretos para dar
solución a aspectos muy puntuales “nunca ha sido bien
recibido por los juristas y los técnicos de la manera en la
que lo hace el gobierno del PP, puesto que este hecho podría
ocultar adjudicaciones a dedo en las que una vez prestado y
acreditado el servicio, la administración no suele tener más
opción que proceder al pago del servicio del que se trate.
Todo ello, sin que exista un procedimiento público en el que
se pueda concurrir en condiciones de igualdad tal y como
establece la ley”.
Para Hamed, “los miembros del Gobierno PP van escurriendose
las responsabilidades y pasándoselas de unos a otros cual
patata caliente. Mientras tanto, los ciudadanos tenemos que
ver atónitos como nadie se hace cargo ni se responsabiliza
de la mala gestión que se hace de los recursos de todos”.
Del mismo modo manifiesta que si los miembros del Gobierno,
responsables del área en concreto, aseguran “desconocer” el
por qué no se ha hecho un pliego que “lleva dos años
esperando en los cajones, a los ciudadanos sólo nos queda
catalogarles de irresponsables e ineptos para gestionar lo
público”.
Finalmente, para la diputada no adscrita de la Asamblea, lo
grave sigue siendo que este hecho que destapó y denunció el
pasado fin de semana va a suponer “un nuevo y elevado gasto
en un servicio que no se ha adjudicado debidamente mediante
los procedimientos habilitados al efecto por la ley, osea
por contratación pública ordinaria, si no que se hará por la
vía del reconocimiento extrajudicial de deudas”.
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