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El Ministerio de Empleo, dirigido por la ministra Fátima
Báñez, dio a conocer ayer los datos registrados, en su
primer año de implantación, del buzón de lucha contra el
fraude laboral. Aunque inicialmente este buzón antifraude
laboral contó con numerosas críticas, durante este periodo
de tiempo se ha logrado destapar un total de 1.592 empleos
irregulares en toda España, liquidar cuotas a la Seguridad
Social por importe de 1,4 millones de euros e imponer
sanciones a las empresas infractoras por valor de 4,4
millones de euros.
Igualmente, la información facilitada por el Ministerio de
Empleo muestra que, exceptuando Murcia y Melilla, donde no
se destapó ningún empleo irregular, Ceuta es la tercera
ciudad del territorio español donde menos empleos
irregulares afloraron, con tan sólo cuatro casos en todo un
año. Aunque también hay que resaltar que estos
descubrimientos se llevan a cabo gracias a las denuncias
particulares realizadas a través de este buzón antifraude y
a la posterior investigación por parte de la Inspección de
Trabajo y la Seguridad Social, que son los encargados de
iniciar las actuaciones pertinentes e imponer las sanciones
convenientes.
Como consecuencia de estas cuatro denuncias admitidas y
resueltas y por las que se han desvelado que ciertamente
correspondían a cuatro empleos irregulares, ha dado como
resultado que las empresas implicadas en dichos actos
fraudulentos hayan sido sancionadas con un total de 24.380
euros.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social puso a
disposición de los ciudadanos esta herramienta en agosto de
2013, con el objetivo de que pudieran notificarse conductas
fraudulentas en el ámbito laboral para su análisis posterior
y, en su caso, para su investigación por parte de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Según ha recordado
Empleo, una vez analizadas las comunicaciones, la
información disponible se incorpora a la actividad
planificada de la Inspección, salvo en aquellos casos en que
por razones de urgencia o gravedad se estime necesaria su
realización inmediata.
Además, en este buzón se pueden presentar por vía telemática
denuncias por parte de los trabajadores que sean víctimas de
prácticas de fraude laboral y a la Seguridad Social en las
mismas condiciones en las que se realiza por vía presencial,
teniendo el servicio de Inspección “un deber absoluto de
reserva” sobre la identidad del denunciante, por lo que,
según el Ministerio, “existe una garantía absoluta de
confidencialidad”. En opinión del Departamento que dirige
Fátima Báñez, el “elevado” número de actuaciones realizadas
gracias a este buzón evidencia “la importante concienciación
social con el problema del empleo irregular y fraude en
Seguridad Social”.
Por comunidades autónomas, el mayor número de empleos
sumergidos aflorados por el buzón antifraude se dio en
Andalucía, con 422, seguido de Madrid (211), Castilla-La
Mancha (149), Comunidad Valenciana (143), Canarias (127),
Castilla y León (115), Cataluña (94), Baleares (74),
Cantabria (57), Galicia (48), País Vasco (47), Asturias
(35), Aragón (24), Navarra (8) y La Rioja (6). En cuanto a
las sanciones a empresas impuestas gracias al buzón
antifraude, Andalucía también encabezó el ranking
autonómico, con 835.997 euros, seguida de Comunidad
Valenciana (583.936 euros), Madrid (549.763 euros), Cataluña
(381.659 euros), Castilla-La Mancha (370.457 euros),
Baleares (356.105 euros), Castilla y León (268.994 euros),
Cantabria (251.052 euros), Canarias (238.665 euros),
Asturias (133.155 euros), País Vasco (131.281 euros),
Galicia (99.526 euros), Extremadura (81.972 euros), Aragón
(50.636 euros), Navarra (38.132 euros), La Rioja (12.478
euros) y Murcia (626 euros).
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sanciones
