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Coalición Caballa emitió un comunicado en el que explicó el
mal momento que atraviesa la política de vivienda
adminsitrada por el Partido Popular, que según ellos, “se ha
caracterizado por un absoluto oscurantismo”. También han
querido resaltar la ausencia de información para los
ciudadanos, “los mecanismos de control establecidos
reglamentariamenten no existen y de este modo, los
ciudadanos carecen de la información necesaria para saber si
conculcan, o no, su derecho de acceso a una vivienda de
protección publica”. Y es que, según Caballas, ha habido un
incumplimiento del artículo 35 del Régimen de Viviendas
Protegidas, que establece dos registros complementarios,
“beneficiarios que hayan accedido a una vivienda de
protección pública en venta o alquiler”; y otro, que
“incluirá cualquier vivienda con protección pública que deba
ser objeto de enajenación o alquiler”. Los datos incluidos
en ambos registros son accesibles para todos los ciudadanos.
“El Gobierno ha incumplido esta norma, en la actualidad no
existen registros, esto es fundamental para controlar el
acceso y la transmisión de viviendas protegidas” asegura
Caballas.
Juan Luis Aróstegui, líder del sindicato de Comisiones
Obreras, se mostró crítico ante la “falta de trasparencia
del gobierno de Vivas”. Esto ya generó un gran revuelo al
hacerse público un fraude en la gestion de viviendas
protegidas en los edificios de Patio Páramo, un
enriquecimiento ilícito en el que los propietarios alquilan
sus propiedades por un precio superior al establecido. “No
se pueden alquilar pisos por más de 300 euros, muchas
personas se lucran de estas lagunas jurídicas y lo venden
por 700 euros.” Para Caballas, esto provoca un
incumplimiento de la política de viviendas en promociones de
Patio Páramo y Serrano Olive, en los que se dieron casos de
trasmisiones de viviendas y de alquileres, 45 viviendas
fueron creadas para menores de 35 años en régimen de
alquiler, se determinaron que dos viviendas eran ilegales ya
que sus ocupantes lo alquilaban ilegamente. “Hemos pedido un
consejo de administración, estos motivos se alejan de los
controles de Emvicesa.”
Tambén tuvieron palabras para expresar que el Ayuntamiento
en estos casos, adjudica las viviendas sin cumplir los
requesitos necesarios, no cumpliendo el protocólo de Régimen
de Viviendas Protegidas. “Vamos a pedir explicaciones, no
hay control ni información para los ciudadanos” asegura Juan
Luis Aróstegui. Caballas considera especialmente grave este
incumplimiento en un área tan sensible como es la vivienda y
que alimenta la sospecha de corrupción muy extendida entre
la Ciudadanía. En consecuencia, Caballas exigirá una
explicación convincente sobre este hecho, exigirá que se
depuren responsabilidades y, evidentemente, que por la vía
de urgencia se organicen y hagan públicos los registros que
las normas estipulan. La ley es clara en cuestiones de
trasparencia, si la vivienda es protegida, todo el
procedimiento de adjudicación debe hacerse público.
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coalición
