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Una vez más, el Partido Popular pretende hacer uso de la
legitimidad democrática para implantar medidas
antidemocráticas. Tras el terremoto que han supuesto los
resultados de las elecciones del 25 de mayo, con la
abdicación del ciudadano Juan Carlos I y la renuncia de
Pérez Rubalcaba como principales acontecimientos, el
Gobierno, ante el miedo a un cambio político profundo en
toda la geografía de la piel de toro, quiere blindar su
poder en los municipios a base de cacicadas autoritarias.
La ley que pretende llevar a cabo ya es conocida en varios
círculos como la “Ley antiPodemos”. Más allá, realmente
debería llamarse “Ley antidemocracia”.
El objetivo de esta ley no es otro que el de hacer más fácil
la aplicación de las medidas impuestas por la Troika. No es
algo nuevo. Como nos recuerda el compañero Alberto Garzón,
diputado de Izquierda Unida en el Congreso, ya en 2013 se
aprobó una reforma en el sistema financiero que permitía a
los gobiernos municipales en minoría aprobar los planes de
ajuste aun con el pleno en contra. Se trataba de “una medida
extraordinaria para eliminar obstáculos que afectaran a la
estabilidad”, un eufemismo muy orwelliano lo de “estabilidad
democrática” para esconder la verdadera razón: el miedo de
perder los privilegios de los que disfrutan desde hace tanto
tiempo.
Sí, el Partido Popular, a la hora de referirse a las demás
fuerzas políticas, a la hora de referirse a la democracia
misma, hablaba de “obstáculos”. No podemos consentir más
insultos de este tipo. Por desgracia, en España ya sufrimos
las consecuencias de un sistema electoral que premia a los
partidos mayoritarios y castiga a las minorías. Todo cambio
electoral debe ir en sentido contrario, en el sentido de
mayor proporcionalidad y de una representatividad acorde con
aquello que los españoles y las españolas hayan votado en
las urnas.
Desde el círculo Podemos de Ceuta decimos NO a este golpe
contra la democracia.
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OPINIÓN
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COMUNICADO
