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					El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) reclamó 
					ayer la elaboración de un protocolo especial de actuación a 
					nivel administrativo, judicial, policial y sanitario para 
					“dar respuesta” a la llegada masiva de inmigrantes a 
					territorio español y se ofreció para coordinarlo.  
					 
					Esta exigencia surge a raíz del desembarco de miles de 
					inmigrantes a las costas gaditanas entre los días 4 y el 12 
					de agosto así como los episodios “que ocurren con cierta 
					frecuencia” en las vallas de Ceuta y Melilla, en referencia 
					a los saltos y las avalanchas, informó la abogacía. 
					 
					El Consejo criticó el “número de irregularidades 
					procedimentales” que, en ocasiones, deriva en “verdaderas 
					vulneraciones de derechos” a causa de respuestas judiciales 
					y políticas “inapropiadas” ante la ausencia de unas normas 
					“claras y específicas”. 
					 
					Para hacer frente a estas situaciones, la Abogacía se 
					ofreció a “dar un paso al frente” en la coordinación y 
					colaboración del desarrollo de dicho Protocolo, “junto con 
					las autoridades competentes y la Oficina del Defensor del 
					Pueblo”. 
					 
					Asimismo, desde la CGAE se comprometen a elaborar “con la 
					mayor celeridad posible” un protocolo específico de los 
					servicios del Turno de Oficio. En este sentido, insistieron 
					en “la falta de medios de algunos juzgados” para atender a 
					los inmigrantes así como la inexistencia “de equipos 
					especializados de protección individual”.  
					 
					Pese a la “extraordinaria situación” que viven los 
					inmigrantes, desde la CGAE también valoraron la “excelente 
					labor y la solidaridad” demostrada por la población, los 
					abogados, las autoridades locales, Guardia Civil, Policía 
					Nacional, Cruz Roja Española y servicios sanitarios 
					 
					Exigió a los ministerios de Interior y Justicia que 
					“aclaren” la situación jurídica de las personas que 
					continúan recluidas en el “centro especial” de Algeciras 
					desde el 12 de agosto para determinar “si se encuentran o no 
					privadas de libertad de deambulación”. En este sentido, el 
					Consejo afirmó que estas personas necesitan una “urgente 
					aclaración”. 
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