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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha dirigido a
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para
recomendar que se establezca un sistema que evite el inicio
del procedimiento de desahucio de la vivienda habitual de
quienes tienen deudas de menos de 30.000 euros en los
distintos Regímenes de la Seguridad Social.
La Administración indica que para paliar el problema se
establece, en la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y
su internacionalización, un plazo de dos años para los
trabajadores autónomos, entre la primera diligencia de
embargo y la realización material de la subasta.
Para el Defensor del Pueblo esa medida es positiva pero no
suficiente. La situación afecta tanto a trabajadores
autónomos como a trabajadores de otros regímenes de la
Seguridad Social.
Las quejas recibidas constatan que las deudas son, en su
mayoría, inferiores a 30.000 euros. Por esto, el inicio del
procedimiento de venta forzosa de las viviendas habituales,
cuando son el único bien susceptible de ejecución, no
resulta proporcionado al fin perseguido.
La Defensora del Pueblo considera que es posible establecer
un régimen de especial protección del bien básico, la
vivienda, y evitar situaciones de vulnerabilidad social.
También dar la posibilidad de negociar los plazos para el
pago de la deuda.
Ampliación de la moratoria
Ante el anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis
de Guindos, sobre la posible ampliación de la moratoria de
las ejecuciones hipotecarias, que acaba el próximo mes de
noviembre, la Defensora del Pueblo considera positiva esta
medida a la vista de las quejas recibidas a lo largo de 2013
y 2014.
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