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Agentes de la la Brigada Provincial de Extranjería y
Fronteras de Córdoba, en colaboración con el Grupo II de la
Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la UCRIF
Central, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras, han desarticulado una organización criminal,
presuntamente dedicada a introducir ilegalmente en España a
ciudadanos marroquíes. Las personas introducidas de forma
irregular eran retenidas en ‘pisos patera’ hasta que sus
familiares hicieran efectivo el pago de la deuda contraída
con la organización. Ofrecían cruzar la frontera de manera
irregular a cambio de 6.000 euros, acordando que el pago se
haría efectivo cuando la víctima estuviera en territorio
español. También se dedicaban a concertar matrimonios de
conveniencia entre ciudadanos ilegales marroquíes y
ciudadanas españolas.
En libertad con cargos
En la operación fueron detenidas 15 personas, siendo cuatro
de ellas los responsables de la organización, aunque la
autoridad judicial decretó en la tarde de ayer la puesta en
libertad con cargos para todas ellas. Ocho fueron arrestados
en Córdoba capital, cinco en Fernán-Núñez, una en Aguilar de
la Frontera y otra más en Montilla. Igualmente, se han
efectuado tres registros domiciliarios, concretamente dos en
Aguilar de la Frontera y uno en Fernán Núñez.
Según los datos facilitados ayer por la Dirección General de
la Policía, las investigaciones se iniciaron cuando una de
las personas retenidas consiguió escapar y declaró que fue
captado en la ciudad marroquí de Tánger por otro
compatriota, el cual le ofreció cruzar la frontera de manera
irregular en dirección a España a cambio de 6.000 euros. Se
acordó que se haría efectivo el pago cuando la víctima
estuviera en España.
Para poder cruzar la frontera sin ser descubierto lo
introdujeron oculto en un camión en el Puerto de Tánger con
destino a Algeciras. Una vez en la península lo trasladaron
a un piso de la provincia de Córdoba, en el que se
encontraban retenidos otros compatriotas.
En ese domicilio estuvo encerrado en una habitación,
durmiendo en un colchón en el suelo y siendo escasamente
alimentado por los captores; exigiéndole además de los 6.000
euros (que los hizo efectivos su familia en Marruecos a su
llegada a España), 5.000 euros más de lo pactado.
Durante el tiempo que estuvo en el piso fue agredido
continuamente con golpes en todo el cuerpo, cortes de
cuchillo en las manos y con amenazas de muerte si no accedía
a las pretensiones de su captores. Estos continuaban
llamando a su familia para que realizaran el segundo pago
exigido, amenazando con matarle si no satisfacían esa
cantidad.
En el transcurso de las investigaciones se consiguió
identificar a uno de los individuos que presuntamente había
participado en tales hechos, asimismo se averiguó que junto
con otros individuos de la red, estaban realizando los
preparativos para traer a otras dos personas de forma
irregular a nuestro país a cambio de una importante cantidad
económica.
Además, fueron identificados otros miembros de la red,
dedicados a concertar matrimonios de conveniencia entre
ciudadanos marroquíes que se encontraban fuera de España y
mujeres españolas para poder regular su situación ilegal en
nuestro país y conseguir la correspondiente autorización de
residencia. Los detenidos cobraban unos 10.000 euros por
matrimonio realizado.
Para poder llevar a cabo esta actividad delictiva
falsificaban documentos tales como certificados de parejas
de hecho, certificados de empadronamiento, así como altas
fraudulentas en empresas ficticias creadas por los
detenidos.
Con esos mismos contratos ficticios intentaban conseguir
también prestaciones públicas por desempleo y subvenciones
irregulares.
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operación
