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Después de que la compañía Acciona
decidiera duplicar los precios de sus billetes hace unos
días, los ceutíes nos hemos despertado con la noticia de que
en el último año, esta empresa ha sido sancionada 16 veces
por la Consejería de Sanidad y Consumo.
Creo que no descubro que el emperador está desnudo si digo
que todos los que habitamos en esta ciudad estamos hartos de
los barcos. Y no sólo de Acciona. Subidas de precios,
retrasos, travesías que se suspenden porque sí y un sinfín
de abusos inaceptables son nuestro pan de cada día. Es lo
que tienen los oligopolios. Unas pocas empresas acaparan el
mercado y se ponen de acuerdo para vacilar al personal. Las
eléctricas lo hacen a nivel nacional. En Ceuta, lo vemos y
lo sufrimos a diario a través de la línea marítima, con el
descaro de unas compañías que se aprovechan de la
importancia vital de sus servicios para hacer lo que les
viene en gana.
Esta lamentable situación debe cambiar. Algunos pensamos que
algo tan fundamental como la conexión con el resto del país
no puede quedar a disposición de los beneficios privados de
particulares. El artículo 128 de nuestra Constitución dice,
literalmente, que “mediante la ley se podrá acordar la
intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés
general”. El interés público de los ceutíes exige que los
barcos en los que nos subimos a diario constituyan, de
verdad, un servicio público. El interés público de los
ceutíes demanda, como lleva haciendo años, una naviera
municipal que ponga fin a tanto atropello. ¿Realmente es tan
difícil? Más bien, parece que no conviene fastidiar el
chiringuito de unos cuantos, de los que realmente mandan
aquí y en todas partes, con la complicidad, por supuesto, de
sus capataces puestos al frente de las Administraciones
Públicas. Ya lo decía un tal Engels: “El estado es el
mecanismo por el que la clase económicamente dominante se
convierte en clase políticamente dominante”. Que se lo
pregunten a los de Acciona.
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OPINIÓN / LA ZARPA
