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CCOO ha convocado para hoy una concentración, coincidiendo
con el acto de inauguración del año judicial contra las
reformas de Gallardón que, tal y como se resalta desde la
central sindical, “sólo buscan el desmantelamiento de la
Administración de Justicia”.
Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de
Comisiones Obreras en la Administración de Justicia viene
denunciando desde hace ya meses la privatización del
Registro Civil, la supresión de Partidos Judiciales, el
cierre de juzgados de paz, el alejamiento de la justicia del
ciudadano, la privatización de asuntos hasta ahora
judiciales como los divorcios, los embargos, las
notificaciones, así como las tasas judiciales o la
criminalización de la protesta.
A través de un comunicado de prensa, CCOO viene denunciando
desde hace tiempo que el Gobierno del PP ha decidido
proceder también al “desmantelamiento” de otro de los
pilares de los Servicios Públicos indispensables para
garantizar los derechos de la ciudadanía: la Administración
de Justicia, y para ello, aseguran que el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, viene presentando
diferentes proyectos, algunos ya aprobados, con los que “se
está ejecutando este anunciado desmantelamiento”.
Por este motivo, desde el sindicato se ha adelantado que
para el próximo día 8 de octubre se ha convocado una jornada
de huelga general en la Administración de Justicia a través
se quiere mostrar el rotundo rechazo ante la política en el
ámbito de la justicia por parte del Gobierno.
Entre las medidas adoptadas ya por el Gobierno y que irían
enfocadas a “desmantelar” la Administración de Justicia, tal
y como se resalta desde CCOO está la privatización de los
Registros Civiles aprobada dentro del Real Decreto Ley
8/2014 (BOE de 5 de julio) “de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia”, también se
encuentra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
la cual está a punto de ser aprobada por el Consejo de
Ministros, el Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria
que supondría una nueva privatización de asuntos judiciales,
el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal que
incorpora una visión autoritaria para reprimir y condicionar
toda una serie de forma de protesta social, la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuíta, cuyo proyecto se encuentra en
tramitación parlamentaria y finalmente la aprobación de la
Ley de Tasas Judiciales, en vigor desde noviembre de 2012 y
que ha supuesto un considerable descenso en los asuntos
judiciales, sobre todo civiles y contencioso-administrativo.
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Presunto delito de tráfico de influencias
CCOO considera que miembros del
Gobierno podría estar incurriendo en un presunto delito de
tráfico de influencias o negociaciones prohibidas a
funcionarios, además de incurrir en presuntas
responsabilidades en relación con lo que se deriva de lo
regulado en la ley 5/2006 de regulación de los conflictos de
intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos
de la AGE.
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Se reprime el derecho a huelga y manifestaciones
El sindicato también advierte que
el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal
incorpora una visión autoritaria para reprimir y condicionar
toda una serie de formas de protesta social, entendida como
uan vía de participación democrática y de proyección social
de las ideas, opiniones y críticas de la ciudadanía hacia
sus gobernantes, afectando a los derechos de huelga.
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Se deberá pagar por ciertos asuntos judiciales
Con respecto al Anteproyecto de
Ley de Jurisdicción Voluntaria, el cual se encuentra en
tramitación parlamentaria, supone una nueva privatización,
tal y como denuncia CCOO, de asuntos judiciales pues “pone
en manos de Notarios y Registradores asuntos hasta ahora
competencia de la Justicia y a los que los ciudadanos se
verán abocados a pagar por ellos”.
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Se amortizarán cientos de puestos
La Reforma de la LOPJ que está a
punto de aprobar el consejo de ministros supondrá que se
proceda a la amortización de cientos de puestos de trabajo
en la Administración de Justicia con la consiguiente pérdida
de cientos de empleos públicos. Además se impondrá la
movilidad forzosa, incluso la movilidad geográfica fuera del
municipio de residencia del personal.
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protesta
