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El Sector de Administración de Justicia de FSC-CCOO
informaba ayer a través de un comunicado de prensa que ha
convocado una huelga en la Administración de Justicia para
el próximo día 8 de octubre en defensa del servicio público,
en contra de la privatización del Registro Civil y en contra
de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A este respecto, desde la FSC-CCOO se ha insistido en que
“las reformas que el Gobierno está pretendiendo imponer en
la Administración de Justicia tienen el mismo objetivo que
las medidas que ha venido adoptando en otros servicios
públicos como la sanidad o la educación, recortar derechos
sociales y laborales”.
La privatización del Registro Civil y la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, supondrán, tal y como así se
resalta desde el sindicato,
“la pérdida de miles de puestos de trabajo, un duro
retroceso en los derechos laborales y retributivos de los
trabajadores y trabajadoras de la Administración de
Justicia, además de añadir nuevos impedimentos a la
ciudadanía para el acceso a la Justicia”. Igualmente se
manifiesta que todas estas reformas, y sus objetivos, están
incluidas en el Plan Nacional de reformas que el Gobierno
del PP ha remitido a Bruselas para el periodo 2015-2017, y
para CCOO es fundamental “conseguir el mayor consenso
posible para luchar en contra de todas estas reformas cuyo
objetivo final no es otro que quitar el servicio público de
la Administración de Justicia”.
Para CCOO existen razones más que suficientes para convocar
una huelga en la Administración de Justicia, y entre las
mismas enumera “la privatización del Registro Civil supone
una agresión al servicio público que convierte en un negocio
privado la realización de actos obligatorios para la
ciudadanía, además supondrá la pérdida de miles de puestos
de trabajo en la Administración de Justicia; la reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, que de nuevo incide en
el deterioro del servicio público al eliminar cientos de
partidos judiciales, que inevitablemente conllevará la
desaparición de cientos de órganos judiciales y al
establecer la desaparición de las audiencias provinciales y
de los juzgados de paz y de las agrupaciones de juzgados de
paz. Además, privatiza los actos de comunicación y ejecución
que adjudica a los procuradores, a los que, también, les
atribuye la condición de agentes de la autoridad; crea las
condiciones y establece los mecanismos para destruir miles
de puestos de trabajo y modificar radicalmente las
condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de
la Administración de Justicia, además de suponer un duro
ataque a los derechos laborales y retributivos; la firma de
un preacuerdo por tres organizaciones sindicales, cuya
ambigua redacción no garantiza el servicio público, ni el
mantenimiento de todos los puestos de trabajo, ni los
derechos laborales y retributivos del personal de la
Administración de Justicia. Por eso, CCOO no firmó dicho
preacuerdo, y presentó al Ministerio de Justicia, tanto en
la mesa sectorial del 10 de julio, como de manera reiterada
en escritos y cartas posteriores remitidas al director
general de Relaciones con la Administración de Justicia, una
propuesta alternativa que recogía la redacción precisa que
sí garantiza esos derechos, reiterando, además, la necesidad
de continuar con la negociación en la mesa sectorial.
Por todo ello, CCOO llama a los trabajadores y a las
trabajadoras de la Administración de Justicia y a cualquier
organización del ámbito de esta Administración y a la
ciudadanía a secundar la jornada de huelga convocada por
CCOO para el próximo 8 de octubre.
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