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CCOO-Justicia Ceuta, tras la dimisión del ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha salido a la palestra
para “congratularse” por esta decisión que se anunció el
martes, pero también para exigir al presidente del Gobierno
que retire, entre otros, el proyecto de reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y lo que entienden que es “la
privatización de los registros civiles”.
CCOO considera que la trayectoria de Gallardón “ha sido
lamentable y siempre ha actuado contra los derechos
democráticos de la ciudadanía”. Su proyecto, y el de Rajoy,
de reforma de la ley del aborto, ha sido “el
desencadenante”, según entienden desde el sindicato, pero
también afirman que el hasta ahora ministro “ha pretendido
desmantelar la Administración de Justicia desde que tomó
posesión”. “Ha aprobado la Ley de Tasas Judiciales, que ha
condenado a miles de ciudadanos a la indefensión ante los
Tribunales, ha impulsado la aprobación del proyecto de Ley
de Justicia Gratuita que deja sin capacidad de defensa a la
inmensa mayoría de la ciudadanía, ha mantenido un intento
constante de ir privatizando servicios de la Administración
de Justicia con proyectos como el de ley de Jurisdicción
voluntaria, y un largo etcétera de actuaciones contra la
ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras”, denuncian
desde el sindicato para hacer destacar, como el peor de
todos los proyectos, el de “privatización de los registros
civiles”.
Desde el punto de vista de CCOO, la privatización de los
Registros Civiles demostraba la presunta colisión de
intereses del ministro Gallardón y de Rajoy, porque ambos
“podrían estar actuando contra la ley, al existir presuntos
intereses oscuros en esa decisión”. Por eso, CCOO presentó,
el pasado 8 de septiembre, una denuncia ante la Fiscalía
General del Estado contra ambos.
CCOO ha denunciado que la reforma de la LOPJ pretende la
desaparición de decenas de partidos judiciales, de cientos
de órganos judiciales y de los Juzgados y Agrupaciones de
Juzgados de Paz, la imposición de la movilidad geográfica y
funcional, el no reconocimiento de las retribuciones de todo
el personal de la Administración de Justicia, la
desaparición de cientos de puestos de trabajo, la
privatización de los actos de comunicación y ejecución… Por
ello, ahora dan la bienvenida a la dimisión de Gallardón,
pero piden que el Gobierno vaya más allá y tumbe también
todos sus proyectos que han conllevado polémica.
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comisiones obreras
