|
El Gobierno de Ceuta acumula facturas “en los cajones” por
valor de siete millones de euros, según denunció Coalición
Caballas en rueda de prensa, y pondrá en conocimiento del
Tribunal de Cuentas y del mismo ministro Montoro este
asunto, para que, en el caso del segundo, sepa como “se
gestiona y acata el Plan de Ajuste”, según explicaron
Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui.
Así, Mohamed Alí, explicó que Ceuta está acogida al Plan de
Pago a Proveedores, que conllevó que el Estado “nos diera 82
millones de euros, que pagamos todos los ceutíes al interés
del 5%”. Este Plan de Pagos obligaba al Gobierno ceutí a “no
adquirir más pagos sin consignación y no tener más facturas
escondidas en los cajones”.
Alí denunció que el incumplimiento del Gobierno de Vivas “es
flagrante en esta materia”, puesto que hasta la fecha hay
facturas por importe de 7 millones de euros en los cajones
sin ningún tipo de consignación, lo que supone, dijo, que no
solo se incumple, sino que “tendremos que pagar el importe
con intereses” e, incluso, “con costa judiciales”.
Para Caballas, no solo se demuestra una nefasta política del
PP, sino que “hablamos de algo especialmente grave”. “El
Gobierno incurre en gastos que no están presupuestados”,
dijo Mohamed Alí.
El miembro del partido localista empezó a enumerar los
gastos, “para que se sepa en manos de quién está la Ciudad”.
De esta forma, Alí explicó que a la empresa que gestiona la
desaladora, Cadagua, tiene pendiente de cobro 3 millones de
euros, “y no hay explicación por parte del Gobierno y nadie
sabe como se ha llegado a esta situación y las facturas
corresponden a julio, agosto y septiembre”. 500.000 euros
correspondiente al mantenimiento del alumbrado público,
mientras que a la suministradora de energía eléctrica, “una
vez más” se le deben 650.000. Otros 500.000 euros a FCC y lo
que para Alí es especialmente grave “es el boquete negro del
ICD. “Hay desaparecidos un millón y medio euros” en este
organismo, “que es lo que hay que pagar a Arasti Barca por
los servicios que presta y que nadie sabe donde se ha
gastado. No se ha pagado a Arasti Barca, sino que en el ICD
no aparece este dinero que se le debe a esta empresa”.
220.000 euros a Acuasur, 300.000 euros a otra empresa y unos
500.000 euros a pequeños proveedores de la ciudad. También
destacó el pago de una sentencia “a un particular porque se
cayó el muro en una vivienda de 300.000 euros”.
Los localistas entienden que alguien debe asumir esta
responsabilidad, calificando la situación de escándalo,
anunciando que remitirán las factura al Tribunal de Cuentas
y ministerio de Hacienda.
Juan Aróstegui, por su parte, explicó que la oposición no
tiene medios de corregir “todo esto”, agregando que la
situación denunciada “es descubierto en los dos últimos
meses y en agosto ya hubo un segundo expediente de
modificación de crédito y la parte más importante del ahorro
se destinó a pagas gastos sin consignación”.
El dirigente de Caballs añadió que cuando hubo que llevar a
pleno el asunto de los 83 millones de euros una “propuesta
que consistía en exigir responsabilidades penales a aquellos
que hubieran incurrido en gastos sin consignación”, que a su
juicio no es solo un problema político “sino un
incumplimiento de la Ley”.
Agregó que después hubo un compromiso que no se pedían
responsabilidades, “pero que jamás se iban a hacer más
gastos sin consignación” y la sorpresa, según Aróstegui, es
“que después de dos meses estamos en una situación de gastos
sin consignación de 7 millones, al menos, y digo eso porque
los cajones de las empresas municipales van por su cuenta”.
Esto hay que pagarlo, dijo , “y hay que buscar ahora 7
millones de euros para pagarlo y hay que hacerlo en partidas
que ya están prácticamente agotadas”, poniendo como ejemplo
la relativa al pago del IMIS.
|
coalición
