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Llevan en Ceuta, desde hace casi
seis meses, acampados en la Plaza de España, un número
importante de ciudadanos sirios, acompañados de sus esposas,
hijos e, inclusive, de sus padres y abuelos donde comen,
duermen a la intemperie, sin mínima atención sanitaria para
ninguno de los acampados, ni educativa para los niños que,
lógicamente, no están matriculados en colegio alguno. Hacen
sus necesidades fisiológicas donde pueden (en los servicios
del aparcamiento ubicado en aquel lugar, en los bares
próximos o en la misma plaza) lo que conlleva un grado de
posibles infecciones no solo para los allí “residentes”
sino, también para los niños ceutíes que merodean o llevan a
cabo sus juegos infantiles por aquel lugar.
“De de la plaza citada al barco”, es la proclama de Mohamed,
el representante-portavoz de los allí alojados quien para su
acceso a Ceuta, según hemos podido conocer a través de la
prensa nacional, tuvo que pagar 4.000 euros a la mafia a fin
de que se le facilitara un pasaporte falso que para otros
familiares les ha supuesto de 3.000 a 6.000 euros. Y, por si
fuera poco, está demostrada, cuando han tenido ocasión de
convivir con otros acogidos en el Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI), su mala convivencia
especialmente con ciudadanos argelinos.
Conocemos, también, a través de la prensa, la nueva “vuelta
de tuerca” o decisión adoptada por el gobierno de multar a
cada uno de los acampados enviándoles una notificación en la
que se les informa que, de no desalojar el campamento, la
policía intervendrá, dando para ello un plazo de diez días.
Que el gobierno cumpla los tratados internacionales de
protección de refugiados con un mínimo de humanidad no es
óbice, pensamos, para que se cumplan las normas sobre
estacionamiento, acampada o vivaque de aquellas personas
que, por cualquier causa, se instalan, como el caso que nos
ocupa, en una plaza pública y así como la autoridad
gubernativa no permite la instalación de casetas en las
playas, aun cuando se trate de un solo día, por ocupación
del espacio público, ni tampoco ha sido autorizada, muy
recientemente, la instalación de casetas en la plaza de
Cataluña ni la ocupación de los accesos al Parlamento por
manifestantes antimonárquicos, procediéndose por parte de la
policía local o nacional al desalojo de las mismas.
A la vista de cuanto hemos expuesto, no conocemos que exista
alguna norma internacional o nacional que permita tales
ocupaciones de espacios públicos, luego entonces, como
presumimos que así es, ¿por qué se permite tal ocupación de
lugares públicos durante tan largo de tiempo por personas no
autorizadas para ello?. Debe, pues, arbitrarse una fórmula
para la solución de tal problema y que tales “residentes”
reciban cobijo y todas las atenciones sanitarias,
alimenticias, de vestido y de salubridad como seres humanos
que les sean necesarias para lo cual fueron creados los
Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en cuyas
dependencias son atendidos de todas sus necesidades, como ya
hemos apuntado.
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OPINIÓN / PERSONAL Y TRANSFERIBLE
