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sucesos - DOMINGO, 12 DE OCTUBRE DE 2014


carlos lesmes. ep.

ENTREVISTA / CARLOS LESMES, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGPJ)
 

«La Justicia necesita mejorar sobre todo en su propia organización»

Carlos Lesmes afirma que “si se aprueba, la reforma de la LOPJ contribuirá decisivamente a una mejor organización y a una modernización de la Justicia”
 

CEUTA
El Pueblo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El presidente del CGPJ considera que la Justicia tiene que mejorar, sobre todo, en su organización, y resalta la necesidad de modernizar su funcionamiento para evitar los retrasos que provocan pérdida de confianza en la institución. Lesmes se ha propuesto que los ciudadanos aumenten su confianza en la institución que preside, para lo cual ha presentado un portal de transparencia que permitirá conocer cómo es su funcionamiento interno,las medidas que se adoptan y su coste presupuestario. “Como objetivos fundamentales hemos marcado la austeridad, la transparencia y la cercanía con los propios jueces”, afirma Carlos Lesmes, presidente del consejo general del poder judicial (cgpj) y del tribunal supremo.

Pregunta.- Usted fue nombrado presidente del Consejo General del Poder Judicial en diciembre de 2013.¿Qué medidas ha impulsado desde entonces en la institución? ¿Qué objetivos se ha marcado durante su mandato?

Respuesta.- La primera medida, buen gobierno; que el CGPJ como Admi-nistración funcione de la mejor ma- nera posible, con aquellas competencias que nos corresponden: realizar los nombramientos, actuar con prontitud eligiendo a los mejores candidatos para los cargos y administrar la carrera judicial de la mejor manera posible. Como objetivos fundamentales hemos marca- do la austeridad, la transparencia en su funcionamiento y la cercanía con los propios jueces. .

P.- Una de estas medidas ha sido la puesta en funcionamiento de su portal de transparencia,convirtiéndose así en una de las primeras Instituciones públicas que se somete a los mandatos de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.¿Qué fines persigue el portal y qué mensaje pretende trasmitir con esta herramienta?

R.– La transparencia en el funciona- miento de nuestra institución procura que los ciudadanos ganen confianza en la misma. Conocen cómo es su funcionamiento interno, conocen las medidas que se adoptan y su coste presupuestario y todo ello contribuye a generar confianza en la institución. Y a la institución le supone una especial exigencia en cuanto al buen comportamiento de todos los factores que intervienen en ella.

P.-¿Cuáles son,en su opinión,los proble-mas que acucian actualmente a la Justicia?

R.– La Justicia española tiene un problema de falta de modernidad desde el punto de vista de organización y funcionamiento que conlleva en numerosas ocasiones retraso a la hora de dictar determinadas resoluciones de los jueces y magistrados. Y eso muchas veces provoca pérdida de confianza en la institución como mecanismo adecuado para la resolución de los conflictos.

P.-¿Qué visión cree que tienen los ciudadanos sobre el órgano de los jueces? ¿Le preocupa que haya quien la considere una institución politizada?

R.– Sí me preocupa. Por eso, debemos trabajar todos para que no se actúe por criterios políticos partidistas, sino con criterios de objetividad, de transparencia y buen gobierno, y desde una posición institucional neutral.

Los ciudadanos no tienen un conocimiento muy exacto de lo que acontece en el órgano de gobierno de los jueces. Nosotros queremos que sea mejor conocido y que la opinión sobre esta institución sea lo más favorable posible.

P.-Como cabeza visible del CGPJ parece obligado preguntarle por la reforma de la Justicia.Varias asociaciones judiciales han mostrado su oposición a la misma por conside- rarla técnicamente poco rigurosa. Desde otros ámbitos, sin embargo, creen que puede ayudar a mejorar su agilidad y reforzar la seguridad jurídica.¿ Cuál es su postura?

R.– Mi postura coincide con la se- gunda que usted me dice. Creo que es una ley que, en caso de ser aprobada, contribuirá decisivamente a una mejor organización de la Justicia y a una modernización de la misma. Desde el punto de vista técnico, no cabe duda alguna que podrá ser mejorada, como cualquier anteproyecto de ley, en su trámite parlamentario.

P.-Uno de los fines de la reforma es concentrar la Justicia en las capitales. Al margen de la apuesta por la profesionalización de su administración de Justicia, ¿no cree que esta medida puede distanciar a los ciudadanos de los jueces?

R.– No. Lo que creo es que mediante la concentración de los medios se podrá prestar un mejor servicio a diferencia de la actual de fragmentación de los órganos judiciales en 432 partidos judiciales.

P.-Los detractores de la ley se oponen a aspectos como la jurisprudencia vinculante del Supremo o a la Instrucción de los tribunales colegiados por tratarse de un “instrumento para intentar boicotear los casos sensibles para la sociedad”como la corrupción política.¿Cuál es su opinión en este sentido?

R.– No creo que la intención sea la de boicotear porque tres jueces no tienen por qué actuar de forma distinta desde el punto de vista de la independencia que un único juez.

Lo que sí puede ser discutido es que sea menos operativo desde el punto de vista de que los tres como órgano de investigación tienen que deliberar todas y cada una de las decisiones que adopten.

P.-El hecho de que más de la mitad de los vocales que componen el CGPJ hayan emitido votos particulares al informe que el órgano de los jueces aprobó sobre la ley de reforma de la Justicia,¿no puede alentar la idea de que no se trata de una ley lo suficientemente madura?

R.– El informe fue aprobado mayo- ritariamente por el Consejo General del Poder Judicial. Votaron a favor del mismo 13 miembros y 8 votaron en contra. Por lo tanto, hubo una clara mayoría favorable. El CGPJ elaboró su informe después de recibir más de 1.400 aportaciones de jueces a ese anteproyecto y de escuchar la opinión de los órganos de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, además de una representación de los jueces decanos y de las asociaciones judiciales.

P.-Los jueces decanos señalan que la Justicia no es una prioridad para el Gobierno y ponen de manifiesto la falta de medios materiales y humanos para hacer frente a una sobrecarga de trabajo que aumenta un 120 por ciento cada año.¿Qué se puede hacer para reducir esta carga de trabajo?

R.– El último año no se ha producido un incremento de la carga de trabajo sino al contrario. En algunas jurisdicciones, como la contencioso-administrativa y la civil, el número de asuntos ingresados se ha reducido de forma muy significativa. Sí es verdad que otras jurisdicciones como la social o mercantil han tenido importantes incrementos. Yo creo que la Justicia necesita mejorar en sus medios, pero sobre todo mejorar su propia organización.

P.-El CGPJ elabora informes trimestrales sobre diversas materias. ¿Cuáles están siendo los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales?

R.– Como he dicho antes hay algunos juzgados que han tenido unos incrementos notables como son los juzgados de lo social y los de lo mercantil, como consecuencia entre otras cosas de los concursos de empresas y, por lo tanto, de la crisis económica que estamos viviendo.

P.-Los juzgados son un buen indicador como receptores de los problemas de la sociedad, por ejemplo, la vivienda.Recientemente, una asociación judicial ha acordado pedir al Gobierno que se obligue por ley a los bancos a eliminar las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios,ya que el Tribunal Supremo declaró abusiva esta práctica por incluirla en los contratos sin informar al cliente.¿Qué opinión le merece esta iniciativa?

R.– No entra dentro de las competencias del CGPJ la valoración de las iniciativas de las asociaciones judiciales, que responden a las distintas sensibilidades existentes en el seno de la carrera judicial, reflejo de su pluralidad. En cualquier caso, tanto la sentencia del Tribunal Supremo a la que hace referencia su pregunta como otras resoluciones dictadas muy recientemente son una clara demostración de que la actuación de los tribunales se dirige siempre a la defensa de los derechos de los ciudadanos.
 

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