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La Federación de Servicios a la Ciudadanía de la
Administración de Justicia de CCOO mantuvo el pasado jueves
un primer contacto con el nuevo ministro de Justicia, Rafael
Catalá, y su equipo, donde se le trasladó al sindicato que
el nuevo equipo ministerial de Justicia ha renunciado a la
reforma integral de la LOPJ propuesta por Alberto Ruiz
Gallardón que, tal y como así lo han venido denunciando las
centrales sindicales, “suponía la mayor agresión laboral
para los trabajadores y trabajadoras”.
Durante el encuentro mantenido, CCOO ha propuesto al
ministro de Justicia, que, además de abandonar los proyectos
de Gallardón, debe posibilitar un compromiso general en la
Administración de Justicia para garantizar, el empleo
público y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo,
incluir una OPE que convoque todas las plazas vacantes que
existen, asegurar a todos los trabajadores y trabajadoras
sus retribuciones actuales en el caso de reordenaciones y
redistribuciones de puestos de trabajo, el respeto
escrupuloso a la localidad de destino de cada persona y la
garantía de que no podrá existir movilidad forzosa fuera del
municipio, y que se fije un calendario para la restitución
de todos los derechos que les han sido arrebatados, entre
otros aspectos imprescindibles para sus derechos.
El ministro ha afirmado ante CCOO “que una reforma integral
de la LOPJ se tiene que dar con cierto consenso si quiere
tener ciertas garantías en su puesta en marcha y esas
condiciones no se dan en este momento, y tampoco hay margen
temporal para construirlo en lo que queda de legislatura”,
por lo que solo presentará una propuesta de reforma parcial
de algunas cuestiones de la LOPJ, renunciando por tanto a la
creación de los tribunales provinciales de instancia, a la
supresión de los partidos judiciales y de los juzgados de
paz, por el contrario incrementará las funciones de estos
últimos. Y ha afirmado tajantemente que se mantendrán los
Jueces de Paz como venía reclamando en solitario CCOO.
Por último, CCOO ha denunciado que el nuevo ministro ha
manifestado que continuará con la privatización del Registro
Civil, advirtiéndole desde el sindicato que se iniciarán las
acciones legales pertinentes para revertir esta “primera y
gran privatización”.
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