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El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC)
liderado por Fatima Hamed ha exigido este lunes al MDyC que
desarrollen “un protocolo de actuación y coordinación real,
serio y efectivo en beneficio del alumnado con discapacidad
y necesidades especiales que requieran del servicio de
transporte adaptado, para poder acceder al derecho a la
educación y con el que facilitar la inclusión educativa en
igualdad de oportunidades que solvente las situaciones
imprevistas.
Según el MDyC, “lamentablemente, esta frecuente y sencilla
respuesta de actuación, está muy alejada de la verdadera
intervención y gestión que desarrolla y lleva a cabo la
Consejería de Educación, Cultura y Mujer y la Dirección
Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
Ceuta, como organismos responsables en la materia de
atención e intervención educativa”, ya queafirma que “los
niños y niñas con discapacidad y movilidad reducida, no
puedan acudir al centro de educación especial ‘San Antonio’
por el hecho de que no se haya planificado y conjugado de
manera eficiente las medidas obligatorias y necesarias de
accesibilidad, como es el contemplar servicios y programas
complementarios de transportes adaptados para las
situaciones imprevistas, es un ejemplo claro y evidente que
pone de manifiesta la ineptitud y la falta de colaboración,
coordinación y compromiso con la población infantil con
discapacidad”.
El MDyC afirma que “privar de un transporte adaptado y no
ofrecer una solución y respuesta viable con el que el
alumnado con discapacidad y sus familiares puedan ver
solventados los impedimentos y las dificultades originadas
por la discapacidad y la falta de movilidad es una tácita
infracción moral que vulnera los derechos elementales del
menor, su protección y la salvaguarda de su bienestar, que
se aleja notablemente de la inclusión educativa y social que
toda ciudadanía desea, bajo el principio de la igualdad de
oportunidades educativas como cimento primordial del derecho
a la educación”.
Para los de Fátima Hamed “resulta indignante e inmoral que
quienes han de proteger y salvaguardar el interés del menor,
quienes han de garantizar jurídicamente el derecho a la
educación mediante políticas de inclusión sean quienes con
su gestión y falta de rigor social, ético y moral
incrementen las trabas y obstáculos a los que las personas
con discapacidad se enfrentan incitando así, a una clara
manifestación de discriminación y exclusión educativa y
social”.
El MDyC ha “lamentado” y calificado como “irracional” que
las dos Administraciones realizan una “pésima gestión” y
permiten que el funcionamiento del servicio de transporte
escolar adaptado “no tenga fijado con la ciudadanía un
compromiso de calidad y responsabilidad que garantice
servicios todos los días del curso y en todos los barrios de
Ceuta”.
“Los poderes públicos y los respectivos organismos
responsables”, ha argumentado el MDyC, “tienen la obligación
legislativa y moral de desarrollar todas aquellas respuestas
de atención e intervención que permitan y logren mejorar la
calidad de la Educación”.
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Movimiento por la Dignidad y la
Ciudadanía 
