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El portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de
Interior del Congreso, Ricardo Sixto, preguntará hoy
miércoles al Gobierno en la sesión de control si ha previsto
retirar la legalización de las “devoluciones en caliente”
ante las “durísimas críticas” tanto internacionales como
nacionales.
Se trata de la disposición adicional introducida en el
proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que tras su
aprobación en Comisión de Interior el pasado 25 de
noviembre, será sometido al visto bueno del Congreso
previsiblemente el jueves para su remisión al Senado, según
confirmaron fuentes parlamentarias.
En el debate en la Comisión de Interior, todos los grupos de
la oposición trasladaron al PP su rechazo a la iniciativa,
por considerar que es contraria a “todo el ordenamiento
jurídico”, tanto nacional como internacional, que
contraviene los convenios y tratados suscritos por España y
que carece del respaldo e informe de los órganos
preceptivos.
En su pregunta al Gobierno Sixto se hace eco además de las
quejas y preocupaciones expresadas ante la reforma por el
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Consejo de
Europa, la Comisión Europea, ACNUR, la Abogacía Española,
académicos y más de 120 ONG y colectivos que han presentado
escritos a altas instituciones del Estado para intentar
frenar la medida, contraria a su juicio al derecho de asilo
y al derecho internacional de los Derechos Humanos.
La más sonada de estas reacciones ha sido la de la Iglesia,
que ha exigido la “retirada inmediata” de esta regulación en
un comunicado avalado por la Conferencia Episcopal, Cáritas,
Justicia y Paz y la CONFER que expresaba su “enérgico
rechazo” ante esta iniciativa porque, a su juicio, “pretende
legitimar las expulsiones sumarias” en la frontera sur y
“criminaliza la pobreza y la movilización social”.
“La aceptación de las expulsiones sumarias que representa la
aprobación de este Dictamen supondría consolidar legalmente
un concepto de ‘frontera’ sinónimo de un territorio donde
los derechos humanos están ausentes”, señalaron.
Ante estas afirmaciones, el ministro responsable del ramo,
Jorge Fernández Díaz, católico practicante reconocido,
recordó que España es un “estado aconfesional” en el que
existe una separación de la Iglesia y el Estado. Sobre el
trato a los inmigrantes, advirtió de que no iba a aceptar
que se diera la imagen de que, por parte del Gobierno, no se
respetaban los Derechos Humanos.
“Creo en la separación de Iglesia-Estado, cada institución
tiene su ámbito de competencia, otra cosa es que han que
colaborar en aras del bien común y entiendo que la Iglesia
ponga el acento en la misericordia y el aspecto humanitario
pero no puedo aceptar que parezca que los demás no tenemos
sensibilidad con los Derechos Humanos”, declaró el titular
de Interior en una entrevista televisiva.
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Devolución a Marruecos de los 23 inmigrantes que llegaron
a la playa del Tarajal el 6 de febrero
