ACTUALIDAD - VIERNES, 19 DE DICIEMBRE DE 2014

CEUTA
J.M.R.G.
ceuta@elpueblodeceuta.com

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido una sentencia condenatoria del Gobierno de la Ciudad en el recurso presentado contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de Ceuta, en la que se anulaba el Acuerdo del Pleno de la Ciudad Autónoma de Ceuta que permitía nombrar Directores Generales a personas sin la condición de funcionarios públicos y sin el requisito de la titulación, y que fue denunciado por la Federación de Servicios Públicos de la UGT.

En este sentido hay que recordar que el Gobierno de la Ciudad mediante acuerdo plenario de fecha 28 de noviembre de 2011 modificó el párrafo del apartado 4.1 del acuerdo del Pleno de la Asamblea de 27 de mayo de 2010 regulador de retribuciones de los miembros del Gobierno, Diputados de la Asamblea, Altos Cargos y Personal de Confianza que permitía el nombramiento como Director General a los Directores Gerentes o equivalentes de las sociedades y organismos dependientes de la Ciudad. Es decir, personas que, tal y como denuncia la UGT, podían ser nombradas a dedo sin necesidad de cualificación o titulación con el único requisito de ser personas próximas al Gobierno del Partido Popular.

Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT se han felicitado y han mostrado su satisfacción de que “por enésima vez y las que quedan” el Gobierno de la Ciudad se vea “desautorizado y condenado” en sus pretensiones de colocar a “dedo” a personas afines dentro de una Administración Pública. Asimismo, desde la central sindical también se ha lamentado que, “jugando con el dinero de todos los ciudadanos” el Gobierno de la Ciudad siga recurriendo a instancias superiores a sabiendas de la “ilegalidad de los acuerdos que adopta”.

Tras conocer la sentencia desde la UGT se ha resaltado que “los Directores Generales que no tienen ni la titulación ni la condición de funcionario, los Subdirectores Generales carentes de cualquier conocimiento y requisitos profesionales con el único mérito de su afinidad al Partido Popular, los viceconsejeros reconvertidos nombrados como miembros del Gobierno, careciendo de la condición de electos y cuya sentencia también ha sido recurrida sabiendo que van a volver a ser condenados. Todo ello es prueba irrefutable de la contumacia de este Gobierno en adoptar decisiones manifiestamente contrarias a derecho”.

Por ello la Unión General de Trabajadores ha solicitado que por parte del Gobierno se ponga fin a este “rosario” de nombramiento de personas “afines sin ninguna cualificación y proceda al cese de todos aquellos cargos que no sean electos, ya que por esta sentencia la justicia le impide de forma definitiva que ponga a iletrados en un cargo de tanta responsabilidad como el de Director General”.
 

UGT considera que se ha podido producir una “estafa procesal” por parte de la Ciudad con estos nombramientos

El secretario general de UGT en Ceuta, Antonio Gil recuerda que cuando la central sindical inició el proceso judicial contra los nombramientos de los subdirectores generales que posteriormente fueron nombrados, tras sentencia favorable a la UGT, viceconsejeros, la Ciudad aprovechó la ocasión para nombrar a Carreira y otorgarle “la vara de mando al darle la dirección del área de Economía y la portavocía”, una situación que calificó de “esperpética” y que se ha hecho “con el beneplácito de los partidos de la oposición, que han preferido mirar hacia otro lado”. En cuanto a los nombramientos de los viceconsejeros, el secretario general de UGT en Ceuta manifestó que desde la central sindical se considera que se ha podido producir una “estafa procesal por parte de la Ciudad Autónoma así como un ejercicio de cinismo del Ejecutivo Local”, y asegura que la intención es llevar todo este asunto a la vía penal. Igualmente, la intención de la central sindical es pedir la devolución de todo el dinero que “indebidamente” están cobrando estos viceconsejeros y que el mismo regrese a las arcas municipales, de ahí que advirtiera a los viceconsejeros a que “ahorren y guarden el dinero para cuando tengan que devolverlo”. Para finalizar, Gil considera que con la decisión, tras la sentencia, de cesar como subdirectores a estas personas para nombrarlas viceconsejeras, el Ejecutivo “ha querido reirse de la justicia y de nosotros, y eso no lo vamos a consentir nunca”.