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El pasado jueves 15 de enero de 2015 entró en vigor la Ley
25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas electrónicas. A partir de ese
día todas las empresas proveedoras del sector público
(administración central, autonómica y local, así como entes,
organismos y empresas públicas) tendrán la obligación de
presentar sus facturas en formato electrónico. Solamente
podrán seguir presentándose en formato papel aquellas
facturas con un importe (impuestos incluidos) inferior a los
5.000 euros, así como las destinadas a servicios en el
exterior.
El resto de facturas deberán presentarse en el modelo único
de factura electrónica fijado para toda la administración, a
través del Punto General de Entrada de Facturas de la
Administración del Estado (FACE), salvo en el caso de
algunas comunidades autónomas como La Rioja, Canarias,
Castilla y León, Galicia o País Vasco que han establecido
sus propios registros electrónicos.
El objetivo de esta reforma es el de mejorar la
transparencia en la lucha contra la morosidad de las
Administraciones Públicas y permitir luchar contra las
llamadas “facturas en el cajón” y así lo explican desde la
Cámara de Comercio. Este sistema permitirá a los proveedores
conocer en todo momento el estado de su factura (admitida,
en pago, etc.) y la supervisión interna de los órganos
contables y de gestión. Con ello, destacan desde el
organismo presidido por Karim Bulaix, se podrá realizar un
mayor control sobre los periodos de pago del sector público.
La obligación de emitir facturación electrónica afecta
también a las empresas de “especial transcendencia
económica” para el país, que realizan transacciones con el
público en general como son los servicios financieros,
suministros eléctricos, de agua o gas, agencias de viajes
(cuando la transacción se haga a través de internet) o
transporte de viajeros.
No obstante, no todas las empresas están preparadas para
esta forma de facturación a pesar de que ya se ha puesto en
marcha y no hay vuelta atrás. Según los datos publicados por
SERES, a final del tercer trimestre sólo el 10% de las
empresas estaban preparadas para cumplir con dicha
normativa, alcanzando el 37% en el caso de las
administraciones.
La falta de adaptación de las empresas, principalmente pymes,
puede suponer un importante problema ya que puede conllevar
un retraso o una inadecuada presentación de sus facturas que
conlleve retrasos en sus cobros, con el importante perjuicio
que ello puede suponer. Además, en la Ciudad Autónoma, según
ha podido conocer EL PUEBLO, también se están produciendo
problemas en este periodo de transición.
Por ello, desde la Cámara de Comercio ya se realizó una
primera jornada de sensibilización y formación el pasado 18
de diciembre, que se volverá a repetir mañana, desde las
9.30 horas. En esta jornada, según han informado desde el
organismo, se informará de las nuevas obligaciones que
impone la Ley 25/13, aclarando todos los aspectos que las
empresas requieran a la vez que les explicará todo el
procedimiento que deben seguir las empresas de Ceuta que son
proveedoras de la administración para la adecuada
presentación de sus facturas.
Asimismo se presentará el servicio que desde la Cámara se ha
puesto a disposición de las empresas interesadas para
ayudarles a implantar la factura electrónica y cumplir con
la legislación. Y es que, esta ya se encuentra en vigor y
desde el jueves no se pueden presentar facturas en papel.
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