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El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio
Ybáñez, ha defendido este miércoles ante el Examen Periódico
Universal (EPU) del Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, al que ayer se sometió España en Ginebra, que la
legalización prevista de las devoluciones sumarias de
inmigrantes en Ceuta y Melilla, a las que se ha referido
como “denegación de entrada”, estará “en consonancia con las
obligaciones de España en materia de protección
internacional y el principio de no devolución”.
Ybáñez, que en su primera intervención ante el Comité no
había tocado este asunto pese a las preguntas por escrito
que al respecto habían formulado distintos países, sí se ha
referido a la disposición adicional introducida en el
proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para reformar la Ley
de Extranjería después de que Estados como Israel, Japón,
Noruega o Rusia, entre otros, preguntasen en su turno de
palabra por esta cuestión.
El representante de España ha afirmado entonces que esta
reforma, pensada para “responder a la singularidad
geográfica y fronteriza” de Ceuta y Melilla, “está siendo
objeto de consultas con instituciones internacionales
especializadas” y se encuentra aún en trámite parlamentario.
“La respuesta legislativa que finalmente se dé estará sin
duda en consonancia con las obligaciones de España en
materia de protección internacional y el principio de no
devolución”, ha asegurado.
Con todo, ha explicado ante los 97 países que intervienen en
este EPU que “la legislación española regula en dos marcos
jurídicos diferentes el retorno”: por un lado, “la
devolución, que es para extranjeros interceptados tras haber
cruzado ilegalmente la frontera” y, por otro, “la expulsión
para aquéllos que han sido hallados en territorio español en
situación irregular”.
“Las denegaciones de entrada es algo distinto y se lleva a
cabo en Ceuta y Melilla. Esto se da cuando no se produce la
entrada sino que el inmigrante es interceptado antes de que
tenga lugar y es consecuencia del derecho que nos asiste
como Estado soberano y de la obligación como Estado miembro
de la Unión Europea, de la que además es frontera exterior,
de proteger y salvaguardar sus fronteras. Son medidas
efectuadas en virtud de un marco legislativo previo, europeo
y nacional”, ha sentenciado.
En este contexto, ha planteado que ante el “carácter
constante, masivo y violento de los asaltos en grupo a los
vallados”, las mencionadas “son actuaciones de vigilancia de
fronteras, pero también de seguridad interna y de orden
público”. “En todo caso, las actuaciones policiales se
desarrollan siguiendo los principios de congruencia,
oportunidad y proporcionalidad y teniendo en cuenta la
posible existencia de personas vulnerables, primando siempre
la atención y asistencia de las mismas”, ha asegurado.
En su primera intervención en el EPU, el segundo que realiza
España (el primero fue en 2010), Ybáñez se ha referido
asimismo a la situación de las ciudades autónomas para
destacar que se encuentran bajo una “extraordinaria presión
migratoria con episodios reiterados de asaltos a las
fronteras”. Asimismo, ha reconocido “la situación de
sobreocupación” en la que se encuentran los Centros de
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
“Los CETI son centros de régimen abierto que tienen por
objeto la prestación de servicios básicos a migrantes en
situación irregular y solicitantes de asilo. Ambos centros,
consecuencia de la presión migratoria, se encuentran en una
situación de sobreocupación, más grave en Melilla. Para
hacer frente a esta situación se ha pedido ayuda a la
Comisión Europea para llevar a cabo las necesarias reformas
estructurales”, ha explicado.
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Proyectada la inauguración de oficinas de asilo en Ceuta y
Melilla
El secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, Ignacio Ybáñez también se ha referido a la
proyectada inauguración de oficinas de asilo en las ciudades
autónomas, “lo que supone un refuerzo del acceso al sistema
de protección internacional” y que, según ha destacado, ha
sido acogido “positivamente por el comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa”.
Asimismo, ha puesto en valor el segundo Plan Estratégico de
Ciudadanía e Integración 2011-2014, “que cuenta con el Fondo
de Apoyo a la Acogida e Integración Social de Inmigrantes”,
aunque no ha mencionado que este fondo está suspendido de
presupuesto desde el año 2012 sin que se le haya asignado
partida alguna tampoco en los Presupuestos Generales del
Estado de 2015.
Sobre la situación en los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE), que, como ha apuntado, son “objeto de
preocupación de varios órganos de tratados y procedimientos
especiales”, el secretario de Estado ha recordado que “no
son centros penitenciaros sino establecimientos de finalidad
exclusivamente cautelar y preventiva y en los que el
internamiento se lleva a cabo siempre bajo supervisión y
autorización judicial” y que ya cuentan con un reglamento
que recoge “garantías como el derecho a contactar con una
ONG”.
Otra de las cuestiones centrales de su intervención, y que
ha suscitado preguntas de distintos países, han sido los
“esfuerzos” de España en materia de lucha contra la
discriminación, el racismo y la xenofobia. Ybáñez ha
repasado modificaciones legislativas en este ámbito, como la
reforma del Código Penal y el Estatuto de la Víctima del
Delito, ambas en trámite parlamentario, o actuaciones como
la Estrategia Nacional contra el Racismo y la Xenofobia y la
creación de fiscalías especializadas.
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