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El Gobierno ha aprobado el plan estratégico nacional de
lucha contra la radicalización, con el que pretende prevenir
todo tipo de actitudes extremistas violentas, entre ellas,
la captación de yihadistas.
Aunque el plan está destinado a detectar y eliminar de forma
temprana y eficaz posibles brotes o focos de radicalismo
sean del tipo que sean, las medidas que el Ejecutivo pone en
marcha incidirán en combatir la amenaza del terrorismo
yihadista.
Se trata de un “acuerdo marco” para actuar de forma
coordinada y “a tiempo” ante posibles brotes de
radicalización, defendió la vicepresidenta del Ejecutivo,
Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior
al Consejo de Ministros donde el titular de Interior, Jorge
Fernández Díaz, explicó este “instrumento esencial” que
creará “estructuras necesarias” para detectar focos de
extremismos.
Con este plan se busca “cortar la cadena de transmisión de
la radicalización”, enfatizó el ministro, antes de recordar
que entre 1996 y 2012 siete de cada diez condenados por
yihadismo se habían radicalizado parcial o totalmente en
España y que ocho de cada diez procesos de este tipo se
producen en internet.
Prevención y vigilancia
Fernández Díaz detalló que el plan contará con tres ámbitos
de actuación -el interno, el internacional y el
ciberespacio-, así como tres áreas: la denominada “antes”,
es decir, la prevención; la de “durante” o área de
vigilancia y, por último, el “después” o área de actuación
en un proceso de radicalización.
Cada área tiene un frente operativo de acción, en el que se
determina qué acciones deben emprenderse y quiénes son los
responsables de llevarlas a la práctica.
Se contempla, además, un apartado específico para combatir
la radicalización en las cárceles.
Acuerdo PP y PSOE
El PP y el PSOE cerraron su acuerdo de medidas contra el
terrorismo yihadista. En primer lugar, el acuerdo elimina la
mención expresa de la prisión permanente revisable reservada
para los condenados por terrorismo que causaran la muerte de
una persona, tal y como habían exigido los socialistas, que
se sustituirá por la expresión “la mayor de las penas”.
Paradójicamente, se da el caso de que la pena mayor que
recoge el Código Penal es la prisión permanente revisable,
aunque el PSOE se ha comprometido a derogar en caso de que
llegue al Gobierno.
Respecto a la segunda novedad, las partes han acordado que
la consulta de páginas web de contenidos yihadistas no será
delito salvo que la visita a las mismas se produzca con la
finalidad de cometer un atentado.
Ambas modificaciones habían sido calificadas por los
socialistas como líneas rojas respecto al pacto de medidas
para luchar contra el terrorismo yihadista. Además, se han
modificado algunas definiciones sobre lo que puede ser
considerado como acto de terrorismo para huir de las
particularidades y poder así hacer una valoración más amplia
de los tipos, ante la posibilidad de que puedan surgir en el
futuro nuevas conductas que merezcan un reproche penal.
Críticas de la oposición
El líder de IU, Cayo Lara, lamentó que su grupo haya sido
excluido, como el resto de partidos, de las negociaciones y
señaló que a su formación no le gustan “las mesas puestas”.
Lo “mínimamente democrático”, dijo Lara, habría sido que el
Gobierno hubiera reunido a todas las fuerzas parlamentarias
para consensuar un acuerdo contra el terrorismo yihadista,
porque así podría haber sido posible el entendimiento.
UPyD también advirtió de que no se va a sumar a ningún pacto
para luchar contra el terrorismo yihadista para hacer el
“paripé” y “aparentar” una pluralidad que nunca ha existido.
En CiU recuerdan que el secretario general, Ramón Espadaler,
ya anunció el pasado lunes que no firmarán el pacto por no
haber estado en las negociaciones desde el principio, aunque
sí ven probable apoyar el texto en su tramitación
parlamentaria, añadiendo las enmiendas que consideren
oportunas.
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Tres ambitos de actuación y tres áreas
Fernández Díaz detalló que el plan
contará con tres ámbitos de actuación -el interno, el
internacional y el ciberespacio-, así como tres áreas: la
denominada “antes”, es decir, la prevención; la de “durante”
o área de vigilancia y, por último, el “después” o área de
actuación en un proceso de radicalización. Se contempla,
además, un apartado específico para combatir la
radicalización en las cárceles.
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