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Reporteros sin Fronteras (RSF) ha publicado este martes su
informe anual sobre la libertad de la información en el
mundo en 2014. El informe recoge todos los casos que han
atentado contra la libertad de expresión el pasado año,
entre los que destacan el asesinato de James Foley y el
bloguero saudí Raef Badawi a manos del grupo terrorista
Estado Islámico o como Siria e Irak siguen siendo los dos
territorios más mortíferos en el mundo para los periodistas.
En el acto de presentación del informe, dirigido y moderado
por Pepa Bueno, España ha sido uno de los países más
señalados por la organización a raíz de las últimas reformas
llevadas a cabo por el Gobierno; como la reforma de la Ley
de la Justicia Universal, la nueva Ley de Seguridad
Ciudadana, calificada como “Ley Mordaza”, o la exigua Ley de
Transparencia. Pese a todo, España ha mejorado en la
clasificación con respecto a años anteriores,
estableciéndose en el puesto 35 de los 180 países
analizados.
El recorte de libertades que está sufriendo la libertad de
expresión en España es uno de los principales reproches que
recoge la organización en su informe. Ejemplo de ello es la
demanda presentada por 1.500 trabajadores de RTVE, que
firmaron una declaración denunciando “la utilización
partidista y progubernamental de los Servicios Informativos”
y alertando de que “los niveles de manipulación y censura
han hundido la credibilidad de TVE”, según recoge el informe
de RSF.
Amenazas a periodistas
También denuncian la inseguridad que padecen muchos
periodistas mientras desempeñan su trabajo en determinadas
zonas. Es el caso de las agresiones sufridas por varios
periodistas en diferentes manifestaciones por parte de la
policía o las condiciones impuestas por las fuerzas de
seguridad a los fotorreporteros que trabajan en Ceuta y
Melilla, que “no pueden realizar su trabajo con plena
libertad”.
Reporteros sin Fronteras pidió incluso a la Secretaria del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que
incluyera en su informe del Pacto Internacional de Derechos
Civiles las zonas oscuras de la legislación española en
materia de libertad de expresión. La organización no
gubernamental destaca que en España “se considera delito
penal la ofensa a la nación y sus emblemas, y también
difamar a una amplia gama de instituciones gubernamentales”
o a “los miembros de la familia real”.
De esta manera, España es el único país de la Unión Europea
que carece de un órgano regulador nacional e independiente
dedicado a la radiodifusión; y el derecho al acceso a la
información no está reconocido en una ley específica. Al
mismo tiempo la promulgada Ley de Transparencia “no
garantiza dicho derecho plenamente”.
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OPINIÓN
/
COMUNICACION
