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El juicio por las superiores categorías denunciado por la
vía contencioso-administrativo por CSI-F quedó ayer visto
para sentencia.
El proceso daba comienzo pasadas las 10.00 horas y en el
mismo la abogada de CSI-F, Cristina Bernal, solicitaba al
juez Antonio Severo, que dictara sentencia por la que se
condene a la Ciudad Autónoma a proveer los concursos
previstos en el artículo 32 del convenio colectivo y del
acuerdo regulador tanto para el personal funcionario como el
personal laboral.
Durante su defensa, Bernal destacó que tal y como se
establece tanto en el convenio colectivo como en el acuerdo
regulador la Ciudad tiene la obligación de convocar el
preceptivo concurso siempre y cuando dicha superior
categoría exceda en el tiempo tres meses. Igualmente, la
letrada manifestó que la Administración Local tiene como
práctica habitual designar dichas superiores categorías a
través de reales decretos, obviando así los obligados
concursos.
Del mismo modo, Bernal quiso dejar claro que este hecho no
sólo es contrario a lo recogido tanto en el convenio
colectivo como en el acuerdo regulador, sino que además
limita o coarta el derecho profesional manifestando que
“flaco favor se le hace al trabajador designado por esta
manera ya que llega a verse bloqueado en esta situación, no
pudiendo consolidar dicho puesto nunca ya que no se convoca
la plaza, viendo incluso impedida su presencia en
promociones internas, y observando como trabajadores con
menos antigüedad en la administración logran promocionar”,
de ahí que finalizara indicando que el objetivo del
sindicato es precisamente instar al Gobierno a convocar
todas y cada una de las superiores categorías que perduran
en el tiempo contraviniendo el convenio colectivo y el
acuerdo regulador y por lo tanto regularizar la situación de
todos estos funcionarios y personal laboral afectado por
esta “irregular” situación.
Por su parte, el abogado defensor de la Administración
Local, Alfonso Cerdeira, así como abogado de UGT, Ramón
Lladó, que se personó como defensor de algunos trabajadores
afiliados al sindicato y que se encuentran afectados por
esta denuncia, centraron su defensa en que el sindicato CSI-F
no es competencial para denunciar dicha situación al no ser
receptor de los derechos que se reclaman, indicándose que es
precisamente este requisito básico contemplados en el
artículo 29.
Hay que destacar que CSI-F también denunció recientemente
las cinco superiores designadas en la Biblioteca Pública del
Estado ‘Adolfo Suárez’. En aquella ocasión, la abogada de
CSI-F, Cristina Bernal, sustentaba la denuncia formulada por
el sindicato en tres pilares fundamentalmente: Que no se
había negociado la creación de las citadas plazas vacantes
para que fueran ocupadas por las personas designadas; que no
existen dichos puestos para que estas personas puedan
ocuparlos y por consiguiente tampoco existe una consignación
presupuestaria para los mismos; y finalmente que durante el
Consejo de Gobierno en el que se intentaron subsanar todos
los errores de este procedimiento, la persona que actuaba
como interventor puso un reparo diciendo que no había
informe de Intervención sobre el proceso, algo que es
preceptivo.
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