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CCOO denunció ayer a través de un comunicado de prensa que
el ministro de Justicia “ha mentido de forma descarada” en
el Congreso de los Diputados al manifestar que se ha llegado
a un acuerdo con las organizacione sindicales sobre la
plantilla tras la privatización, resaltándose desde la
central sindical que “ni siquiera se ha reunido con las
organizaciones sindicales desde hace meses ni tampoco ha
convocado la mesa sectorial”.
Del mismo modo, CCOO denuncia que el ministro de Justicia,
Rafael Catalá, ha mentido al afirmar que existen numerosas
sentencias que expresdan que los registradores de la
propiedad y mercantiles son funcionarios públicos, cuando
existen sentencias de la Unión Europea de 2009 que
dictaminan sin posibilidad de interpretación que dichos
profesionales no son funcionarios públicos, que deben cobrar
el IVA y además la propia LGPE 2015 establece claramente que
su régimen de seguridad social es el especial de autónomos.
Por último, CCOO asegura que vuelve a mentir porque sabe
perfectamente que la desjudicialización del Registro Civil
no conlleva a la privatización del mismo.
En este sentido, la central sindical demanda que el
mantenimiento del Registro Civil en el ámbito público y
dentro de la Administración de Justicia, servido por el
personal funcionario de esta Administración y que sus
encargados sean los Secretarios Judiciales.
Precisamente, CCOO ha presentado, por esta situación, una
denuncia ante la Fiscalía General del Estado, además de
haber presentado una Iniciativa legislativa Popular, que ha
sido admitida a trámite y en los próximos días comenzarán la
recogida de firmas, en defensa del Registro Civil como
servicio público y dentro del ámbito de la Administración de
Justicia
Del mismo modo, el sindicato ha ejercido el derecho de
petición ante el Parlamento Europeo en defensa del servicio
público del Registro Civil.
Por último, CCOO manifiesta que el Registro Civil tiene un
grado de satisfacción de los ciudadanos del 84%, según el
Observatorio de Calidad de los Servicios Públicos del año
2012, superior a la media de los demás servicios públicos,
que es del 73 %; y que en los pocos lugares donde existe una
valoración ciudadana inferior, solo es debido al abandono de
los medios personales y materiales en que ha dejado
interesadamente el Ministerio de Justicia al Registro Civil.
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comisiones obreras
