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Cuando todavía se valoran las declaraciones de los agentes y
mandos de la Guardia Civil imputados por la titular del
Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta por los sucesos
acaecidos el 6 de febrero del pasado año, el asunto de la
inmigración escribe un nuevo capítulo. Las “devoluciones en
caliente” no sólo preocupan a la Defensora del Pueblo
Español, Soledad Becerril, que en la presentación del
informe de sus actuaciones durante el 2014 mostró su
preocupación con el asunto, sino al comisario europeo de
Inmigración, Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos,
que reconoció ayer los esfuerzos que hacen las autoridades
españolas, pero que evitó pronunciarse sobre el asunto hasta
que no compruebe la realidad sobre el terreno, confirmando
así que tiene previsto que viajar a Ceuta y Melilla, como
acordó con el ministro español del Interior, Jorge Fernández
Díaz.
Este viaje no tiene fecha exacta, aunque todo apunta a que
podría producirse durante este mismo mes y podría coincidir
con las inauguraciones de las oficinas de asilo que se están
instalando tanto en Ceuta como en Melilla. Oficinas que
servirán para que las personas que tengan derecho a pedir
asilo o protección internacional puedan hacerlo.
Pero esto no es un asunto que se torne novedoso, ya que el
comisario europeo ya fue interrogado anteriormente por la
cuestión.
“¿Va a instar la Comisión al Gobierno Español a no aprobar
esta ley, posicionándose así junto a la ONU y al conjunto de
la sociedad civil, o va a permitir que no se respeten los
derechos humanos en su frontera sur?”.
Esa fue la pregunta que la eurodiputada de Izquierda Unida
Marina Albiol dirigió a la Comisión Europea sobre la
legalización de las devoluciones inmediatas en las vallas de
Ceuta y Melilla, que el Gobierno pretende aprobar en la Ley
de Seguridad Ciudadana.
La Comisión Europea, como “guardián de los Tratados” de la
Unión Europea, vela por el cumplimiento de la la legislación
comunitaria.
La eurodiputada cuestionó así a la institución sobre su
respuesta a la legalización de las denominadas ‘devoluciones
en caliente’ (la expulsión sumaria de un inmigrante que
alcanza territorio nacional sin las garantías legales
exigidas), que “son una clara violación de la Directiva de
Retorno (2008/115/CE)”, expuso Albiol en su pregunta.
Vulneración
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils
Muiznieks, ya comunicó la vulneración de la normativa
comunitaria y de los tratados de las Naciones Unidas
suscritos por España que supondría la legalización de las
devoluciones en caliente que el Congreso de los Diputados
envió al Senado, donde la ley espera la luz verde. Nils
Muiznieks sentenció entonces que la norma “sería el
principio del fin del sistema de asilo comunitario”.
El grupo del Partido Popular en el Senado incluyó más tarde
una coletilla a la enmienda que aborda las devoluciones
sumarias, para que “en todo caso, se realizarán respetando
la normativa internacional de Derechos Humanos y de
protección internacional de la que España es parte”. Nils
Muiznieks recordó al Gobierno la prohibición de las
expulsiones colectivas y advirtió que seguiría “muy de cerca
estos desarrollos normativos y los pasos que se den a
continuación”.
La Comisión Europea deberá responder a una nueva pregunta
sobre las intenciones del Gobierno de agilizar las
expulsiones en las vallas de Ceuta y Melilla. El principio
internacional de No-devolución prohíbe el retorno forzoso de
personas a lugares en el que pudiera estar en peligro su
vida o su integridad física. El derecho al asilo exige que
toda persona pueda solicitar protección internacional, una
garantía que se ve imposibilitada en las expulsiones
sumarias de inmigrantes en las que ni siquiera se los
identifica.
La Comisión Europea ya respondió a otra cuestión sobre la
legalización de las devoluciones en caliente en España,
gracias a una pregunta oral de todos los grupos políticos de
la Eurocámara, salvo el PP europeo y los conservadores
británicos. El comisario de Inmigración, el conservador
griego Dimitris Avramopoulos, admitió “la preocupación” de
la Comisión ante la cobertura legal que el Gobierno español
pretende otorgar a estas devoluciones.
Avramopoulos recordó que “la Comisión no dudará en adoptar
las medidas apropiadas cuando hay pruebas de que un Estado
miembro ha violado las leyes de la UE”.
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