OPINIÓN - MARTES, 17 DE MARZO DE 2015

Imputado por investigado

Por Carlos Folch Valero

La nueva ley de Enjuiciamiento Criminal cambia la palabra “imputado” por “investigado”. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal que acaba definitivamente con el término “imputado” que tantos quebraderos de cabeza ha dado a los partidos a la hora de justificar la defensa de alguno de los cargos que están sometidos a una investigación judicial. A propuesta del Consejo de Estado, la norma prevé que se denomine “investigado” a quienes son llamados a declarar en presencia de su abogado y “encausados” aquellos a los que una vez avanza la investigación la justicia decide procesarles y sentarles en el banquillo. La reforma procesal limita la instrucción judicial a un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de dieciocho meses para los sumarios más complejos, que podrán ser ampliables hasta alcanzar los treinta y seis meses, cuando lo considere oportuno el juez instructor y lo apoye el fiscal. No obstante, los plazos máximos de la instrucción fijados por el anteproyecto servirán como “referencias” y “compromisos” para finalizar la investigación en esos períodos de tiempo, pero con una flexibilidad que no establecerá topes máximos en la instrucción. La reforma afecta también a la separación de las piezas en los llamados macroprocesos, de manera que se instruirá una causa por cada delito, y regulará por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico.

La consideración de una persona como sujeto pasivo de una atribución de culpa, sin que ello presuponga su autoría cierta, se expresa también en otras palabras del lenguaje jurídico: “denunciado”, “querellado”, “acusado”, “inculpado”, “encausado”, “sospechoso”, “detenido”, “investigado”, “procesado”, “juzgado”... Todas las cuales se alejan de “convicto”, “condenado”, “sentenciado” o “penado”, en las que ya sí se dan por probados los hechos que antes sólo estaban atribuidos. Quizás los medios de comunicación han manejado sin gran rigor todos esos términos jurídicos en los últimos tiempos. Pero también los políticos, y hasta los jueces y las leyes mismas. En efecto, hemos visto y oído en los medios informativos que a un “acusado” (por la policía, pongamos por caso) se le denominaba “imputado”, palabra que requiere para su correcto uso jurídico la intervención de un juez que determine al menos la existencia de un hecho delictivo (antes incluso que la existencia de un supuesto autor). También se ha definido como “denunciado” a alguien contra quien no se había formalizado ninguna denuncia, sino tal vez sólo una acusación verbal. Se aplicó el término “procesado” a quien se hallaba inmerso en un procedimiento abreviado, en el cual esa figura no existe; o se hablaba de “investigado” como si eso ya implicara una sospecha, cuando puede tratarse de procedimientos incluso rutinarios (por ejemplo, una investigación fiscal aleatoria).Y hasta se arrojaron sombras sobre alguien “convocado ante el juez”… como testigo. En la norma todavía vigente, la simple garantía procesal de que una persona acudiese ante el juez acompañada de abogado ya permitía emplear la palabra “imputado” (pues formalmente se le podía atribuir algo), aun cuando quedara lejos la última fase de la instrucción en la cual se establecieran los motivos para que fuese a juicio y resultara por tanto “imputado” judicialmente. La futura ley diferenciará esas dos fases mediante dos palabras distintas: con un primer escalón en “investigado” y otro posterior en “encausado”.

Es verdad, se retirará a muchos políticos el incómodo término “imputado”, ese vocablo injusto que igualaba los diferentes grados de implicación de cada momento procesal. En eso salen ganando, sí. También con este cambio de nomenclatura habrá que cambiar los distintos reglamentos internos de los partidos políticos, los códigos de buenas practicas de los políticos de nuestro país, ya que seria engañar a los ciudadanos dejarlos tal y como están, pues al no existir la palabra de “imputado”, ya nadie tendría que asumir la responsabilidad que marcan los normas internas de cada partido.

Este cambio supone un engaño y una tomadura de pelo a los ciudadanos de esta país, los políticos piensan que los españoles somos todos, y que cambiando una palabra no vamos a identificar a los políticos corruptos, este no es el momento de estos experimentos, todo este esfuerzo para tapar las vergüenzas de los políticos inmerso en procesos judiciales por corrupción, y que los partidos políticos no quieren separar de la vida publica. Y se preguntan porque están subiendo partidos populistas, aquí tiene la respuesta, mientra que los partidos políticos trabajen para defender y proteger a los políticos corruptos para que continúen en la vida publica y no sena expulsado, los ciudadanos seguirán viendo como única salida a este robo políticos, partidos populistas o quedarse en casa en vez de ir a votar.