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El Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente la
legalización de las devoluciones en las fronteras de Ceuta y
Melilla, en contra de la toda de la oposición, a través de
una enmienda incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana. Con
la reforma, el Gobierno pretende amparar las expulsiones en
caliente que llevan efectuándose de forma ilegal en las
ciudades autónomas desde hace más de una década, aunque este
objetivo se verá dificultado por las exigencias de los
convenios internacionales de los que España forma parte: la
presión social obligó hace semanas al Gobierno a añadir una
frase en el texto que requiere el cumplimiento de la
legislación internacional, que a su vez prohíbe las
devoluciones que se están efectuando hasta ahora.
“Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza
de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras
intentan superar los elementos de contención fronterizos
para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser
rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
Esta es la primera parte de la enmienda a la Ley de
Seguridad Ciudadana aprobada ayer, que pretende legalizar
las actuaciones realizadas por las fuerzas de seguridad
fronterizas hasta el momento: las devoluciones en caliente,
irregulares también según la legislación internacional.
El rechazo en frontera, añade la Ley tras una modificación
de última hora, “en todo caso se realizará respetando la
normativa internacional de Derechos Humanos y de protección
internacional de la que España es parte”. Este cambio,
incluido en el Senado por el PP debido a las fuertes
presiones recibidas por parte de organismos internacionales,
provoca que las devoluciones inmediatas, tal y como se están
realizando hasta el momento, no queden amparadas por la
nueva norma, dado que los convenios de derechos humanos las
prohíben.
De momento no existe ningún protocolo que determine cómo los
guardias civiles podrían expulsar a personas en la frontera
sin incumplir la legislación internacionales de derechos
humanos. El PP incluyó en la enmienda una referencia a la
instrucción, aunque al final no se incluyó. El proyecto de
ley contó con los votos a favor de PP y UPN, y el voto en
contra del resto de grupos parlamentarios. Así, la Ley de
Seguridad Ciudadana entrará en vigor el 1 de julio de 2015,
salvo esta reforma de la Ley de Extranjería, de carácter
orgánico y recogida en la disposición final primera, que
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
BOE.
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