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Con la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de las reformas introducidas en el Código
Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, que contiene una
disposición adicional titulada régimen especial de Ceuta y
Melilla, el Gobierno se ha asegurado desde hoy las
‘devoluciones en caliente’ y, a la vez, que los agentes de
las Fuerzas de Seguridad del Estado no se encuentren con los
problemas judiciales que en la actualidad tienen agentes de
la Guardia Civil en Ceuta y en Melilla
No ha hecho falta que el Ministerio del Interior se haya
visto obligado a tener que redactar un protocolo de
actuaciones, como una onegé había solicitado durante el paso
de la Ley por el Senado puesto que el texto legal aprobado
por el Gobierno del Partido Popular deja bien regulado ‘el
rechazo’ de los extranjeros que sean detectados en la línea
fronteriza de Ceuta y de Melilla mientras intentan superar
los elementos de contención para cruzar irregularmente la
frontera. O lo que es lo mismo, su devolución al país
vecino.
El texto legal puede ser discutible y de hecho hay, incluso,
quien desde la Unión Europea, con un alto cargo, ha llegado
a cuestionar el contenido del texto legal, dejando entrever
que no se respetarían los Derechos Humanos. Igual ese alto
cargo también debería darse cuenta que el de la inmigración
no es un problema exclusivo de Ceuta ni de Melilla por el
simple hecho de ser fronteras exteriores de Europa, sino que
lo es de toda la Unión. Y es por ello que, aparte de ejercer
su derecho a opinar, podrían aportar algunas soluciones o,
incluso, aprobar algunas partidas para mejorar este gran
problema de Europa.
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OPINIÓN / EDITORIAL
