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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue
interpelado ayer, durante su intervención en el Foro Nueva
Murcia, sobre si el Gobierno está pensando en alguna fórmula
para dar una mejor cobertura legal a la situación de las
fronteras en Ceuta y Melilla, rechazando el uso de la
expresión “devoluciones en caliente”, sino que él lo
califica como “rechazo en frontera”, lo que “son maneras
distintas de definir una misma realidad”.
Fernández Díaz se ha mostró “absolutamente convencido” de la
“plena legalidad” del concepto de rechazo en frontera “en la
medida en que se ha cuestionado desde algunas instancias
nacionales e internacionales y hemos introducido una nueva
disposición en la Ley de extranjería para que ya no haya
ninguna duda”.
El ministro apostilló en este sentido que Ceuta y Melilla
son frontera exterior de España y, por lo tanto, frontera
exterior de la Unión Europea (UE), la única que tiene en
África y, además, en un lugar “especialmente sensible ante
determinadas amenazas”.
A este respecto, ha recordó que la UE insta a dar seguridad
la frontera exterior para hacer frente a la amenaza
yihadista, porque “es la mejor garantía para preservar algo
que está en el ADN de la UE, que es la libertad de
circulación de personas y mercancías”. Pues bien, se ha
preguntado por qué se ha de dar seguridad a la frontera
exterior de la UE en todas partes menos en Ceuta y Melilla.
Consiederó que las personas que intentan entrar ilegalmente
en España a través de Ceuta y Melilla “son personas que
huyen de sus países de origen por razones económicas, lo que
es una tragedia humanitaria”, pero que “no da derecho a
pedir asilo o protección humanitaria”, a diferencia de lo
que sucede con quienes huyen de sus países por conflictos
internacionales o porque están perseguidos por
circunstancias políticas o de sexo.
A este respecto, dijo que el Gobierno central recibe “no
pocas” peticiones de asilo, particularmente en Melilla, de
ciudadanos sirios, por ejemplo, que están creciendo
“exponencialmente”. Y se “les está dando respuesta”.
En su opinión, la conciliación de seguridad e inmigración de
los derechos humanos “no es que sea posible, es que es
necesario que lo hagamos compatible”, porque “no se puede
sacrificar los derechos humanos”.
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