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El Gobierno ha renunciado finalmente a poner en manos de los
registradores de la propiedad el Registro Civil después de
las muchas presiones recibidas por sindicatos, funcionarios
y ciudadanos. Así, la reforma que iba a entrar en vigor el
próximo 15 de abril será revocada y así se anunció ayer. El
ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reunió con los
sindicatos CSIF, CCOO, UGT, STAJ, ELA-STV y CIG para abordar
la reforma del Registro Civil y buscar el consenso para
buscar un nuevo modelo. Este encuentro sirvió para que los
representantes de los trabajadores del sector de Justicia
pudieran conocer de primera mano cuál es la voluntad del
Ministerio y para escuchar sus propuestas y sugerencias
sobre el futuro del Registro.
El objetivo, según han señalado desde Justicia, es alcanzar
el mayor grado de consenso en la elaboración de la reforma
legislativa que cumpla con el mandato parlamentario que
obliga a la desjudicialización de los registros.
El ministro Catalá ha anunciado que próximamente se
procederá a derogar el Real Decreto 8/2014 en todo aquello
que otorgaba la llevanza de los registros a los
registradores mercantiles, la Ley 18/2014 de convalidación
del anterior decreto en igual sentido y el papel de notarios
y registradores en el proceso de concesión de la
nacionalidad a los sefardíes.
Por la tarde, y durante la sesión de control al Gobierno en
el Senado, el ministro tendió de nuevo la mano a los
partidos políticos y aprovechó para pedir a los grupos
parlamentarios de la oposición que hagan llegar al
Ministerio de Justicia sus propuestas y alternativas para la
reforma del Registro Civil.
El Ministerio de Justicia anunció el pasado viernes su
decisión de revisar la reforma con el objetivo de alcanzar
un consenso que cuente con los apoyos necesarios, tanto de
los afectados, como de los trabajadores, los sindicatos y
los partidos políticos.
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