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OPINIÓN - VIERNES, 1 DE MAYO DE 2015

 

OPINIÓN / AL SUR DEL SUR

Ceuta, Ciudad Autónoma
 


Juan Carlos Trujillo Muñoz
opinion
@elpueblodeceuta.com
 

Mucho se ha escrito desde que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de nuestra ciudad pusiera en duda nuestra capacidad de auto gobierno al anular, a instancias de la central sindical Unión General de Trabajadores, los nombramientos de varios vice consejeros designados legítimamente por el Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara. Una sentencia sustentada en los planteamientos jurídicos de quien considera como entidad local a una ciudad que se incorporó de pleno derecho al Estado de las Autonomías en el año 2005, tras la aprobación por las Cortes Generales de la Ley Orgánica 1/1995 de 13 de marzo, al amparo del artículo 144 de nuestra Carta Magna.

Pese al alborozo de los principales líderes políticos en la oposición, debo recordar que la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía significó, no solo acceder a un régimen especial de autogobierno, sino finalizar el mapa autonómico desarrollado a partir de la aprobación de la Constitución Española de 1978. Desde ese mismo instante, Ceuta está presente, con voz y voto, en los máximos órganos políticos de cooperación entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas; en la Conferencia de Presidentes Autonómicos (Cumbre de Presidentes), en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y en todas las conferencias sectoriales en las que tenemos transferidas las competencias del Estado (Medio Ambiente, Turismo, Carreteras, Cultura y Deportes, Espectáculos....)

Durante años no ha existido duda alguna respecto a una capacidad de autogobierno, al amparo de nuestro marco competencial, desarrollada por los diferentes ejecutivos que se han ido sucediendo a lo largo de nuestra historia autonómica. Pero las últimas decisiones judiciales conocidas, a instancias de quienes guardaron silencio durante años, ha obligado a quien ostenta responsabilidades de gobierno, a defender los intereses de todos y todas las ceutíes ante los tribunales de justicia. No solo es un derecho, es la obligación de quien ha recibido hasta en tres procesos electorales consecutivos la confianza ciudadana de forma mayoritaria. Sin ninguna duda, Ceuta, Ciudad Autónoma.
 

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