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La denuncia de Invercap, promotora de las viviendas de
Pasaje Fernández, contra varios miembros del hasta ahora
Gobierno por presuntos delitos de prevaricación continuada,
estafa y amenazas contra el patrimonio de la empresa sigue
adelante. Ayer, el juzgado de instrucción número dos, que se
hace cargo del caso, tomó declaración a uno de los testigos
propuestos por la Fiscalía, el registrador de la propiedad
de Ceuta. Una declaración que contradijo la versión dada
hasta ahora por el Gobierno, quien ha insistido en
declaraciones públicas en que si la expropiación de los
restos arqueológicos hallados en Pasaje Fernández, y
declarados de interés público, no se había llevado a cabo
era porque la empresa no había construido el edificio para
poder expropiar el subsuelo.
No obstante, el registrador señala que jurídicamente no es
posible expropiar la planta, ya que la propiedad se extiende
a vuelo y subsuelo, sin modificar todo el conjunto. Además,
explica que para hacerlo se requiere el acuerdo de todos los
intervinientes, tanto financiador, como promotor y Ciudad.
Un acuerdo al que estaban dispuestos a llegar, y de hecho se
llegó, por parte de la promotora.
Ahora bien, la Ciudad quería pagar esta expropiación con
terrenos. Algo que, el registrador también aclara, no era
posible. “La Ciudad pretendía expropiar e imponer el pago de
justiprecio mediante adjudicación de terrenos, lo cual
jurídicamente no es posible, porque esto no es un acuerdo de
permuta, sino un expediente de expropiación”, manifestó ayer
el registrador. Además, aclaró que la Ciudad tenía que
acreditar el pago o justificación del justiprecio, pero
siempre con dinero y no imponiendo adjudicación de terrenos.
Asimismo, el testigo reconoció que le manifestó a los
técnicos de la Ciudad con los que se reunió que lo que ellos
pretendían hacer no era posible jurídicamente. De hecho, el
registrador llegó a manifestar ayer que dejó de prestar
asesoramiento porque sabía que la cuestión no tenía solución
tal y como la planteaban los técnicos de la Ciudad, ya que
“volvían a la expropiación con imposición del pago del
terreno”, un convenio urbanístico que la promotora no aceptó
en ningún momento.
Por otro lado, el registrador señaló que las alternativas
que se daban por la Ciudad, en relación a la expropiación,
era “por una falta de liquidez” según las manifestaciones de
los técnicos con los que se reunió. Asimismo, el testigo
también explicó que les llegó a proponer a los técnicos que
pasaran el problema al Ministerio de Cultura porque
sobrepasaba los límites financieros y técnicos de la Ciudad
Autónoma. Sin embargo, apuntó, que esta alternativa “no fue
considerada por la Ciudad, ya que esta actuaba dentro de sus
competencias aunque no fuera práctico” para este caso.
Nuevas diligencias
Tras la declaración del registrador, el letrado de Invercap,
Ulises Bértolo, ha manifestado a EL PUEBLO que en su opinión
queda claro que “la Ciudad nunca se planteó culminar el
expediente expropiatorio con el pago de un justiprecio como
indica la legislación vigente a falta de un acuerdo con el
propietario”. “La Ciudad era conocedora por parte del
registrador de que no se podía imponer el pago en terrenos y
que el expediente expropitario estaba, en cuanto a su
objeto, mal confeccionado desde un principio”, afirma el
abogado, que añade: “Y a pesar de ello, presuntamente,
generó una apariencia de que todo era correcto para que la
promotora realizase las obras necesarias para mantener los
restos arqueológicos”. Por último, Bértolo anunció que, a la
vista de las declaraciones, se plantearán nuevas diligencias
y que declaren los intervinientes en el expediente en
calidad de imputados.
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