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Desde hace años, el Ejecutivo Local ha venido
anunciando diversas medidas con el fin de luchar contra las
construcciones ilegales, aunque parece que solo se queda en
anuncios, ya que ninguna de ellas han dado los resultados
esperados debido a la alta proliferación de este tipo de
obras. Precisamente en abril de 2012 la Ciudad y la
Delegación del Gobierno, tras una reunión, acordaron
intensificar la coordinación para evitar las construcciones
ilegales.
En aquella ocasión se realizó un repaso a la situación de la
disciplina urbanística y se acordó estudiar la posible
vinculación entre la construcción de viviendas ilegales y el
incremento de la población que se está registrando en la
ciudad. Entre los objetivos marcados estaba el de intentar
evitar que surjan nuevos asentamientos ilegales en terrenos
de dominio público, ya sean suelo de titularidad de la
Ciudad o propiedad de la Administración General del Estado.
En aquella ocasión, Martínez Arcas, consejero de Fomento,
insistió en la necesidad de erradicar los asentamientos en
los terrenos públicos, antes de que se consideren viviendas,
ya que una vez en ese punto el asunto se debe de afrontar
desde otra vía. Ya en enero de 2013, la responsable del área
de Fomento en aquella ocasión, Susana Román, avanzaba la
externalización de un contrato, por valor de 500.000 euros,
para llevar a cabo la demolición de construcciones ilegales.
Precisamente, el propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas,
resaltaba en una entrevista a este diario el 30 de diciembre
de 2012, que existe un “procedimiento garantista” en cuanto
a la lucha contra las construcciones ilegales se refiere. Y
es que, “tirar una vivienda no es fácil”. De ahí que el
Ejecutivo local haya “intensificado los medios, revisado el
procedimiento para cumplir con un doble objetivo”. Por un
lado, “constatada la infracción” y si la causa de la misma
es el derribo del inmueble, se pretende “agilizar” este
trámite, afirmaba el Gobierno de Vivas. Precisamente las
mismas medidas anunciadas hace unas semanas, y varios años
de después por el mismo Gobierno.
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Construcciones ilegales 
